El acceso a la planificación familiar segura y voluntaria es un derecho humano fundamental para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Además, es un factor clave para reducir la pobreza.
Poder decidir cuándo y cuántos hijos tener permite a las personas, especialmente a las mujeres, alcanzar su máximo potencial al cumplir sus aspiraciones profesionales y personales. Esta capacidad de planificación favorece la realización de proyectos de vida que trascienden los roles reproductivos tradicionales y las asignaciones sociales desiguales, las cuales limitan el derecho a la participación y la capacidad productiva de las mujeres. Asimismo, la planificación familiar puede disminuir hasta en un 60% el número de muertes maternas evitables.
En el Perú, según la ENDES del 2023, el 77% de las mujeres unidas o casadas utilizan algún tipo de método para evitar tener un embarazo no intencional. Sin embargo, solo el 58.6% utilizan métodos anticonceptivos modernos. La proporción de usuarias de estos métodos modernos fue mayor en el área urbana que en el área rural (60.3% frente a 52.9%), el porcentaje de mujeres sin educación que utilizan algún método moderno apenas alcanza al 44.1% y entre mujeres que se autoidentifican indígenas es el 51.7%.
A pesar de que muchas mujeres quieren utilizar métodos de planificación familiar seguros y eficaces no pueden hacerlo por no tener acceso a servicios e información, o no contar con el apoyo de sus parejas o comunidades. Por ejemplo, entre las adolescentes de 15 a 19 años unidas, un 39.7% tienen necesidad insatisfecha porque no utilizan métodos (28.3%) o utilizan un método tradicional no efectivo (11.4%). Esto amenaza su posibilidad de crear un mejor futuro para ellas mismas, para sus familias y sus comunidades.
Por otro lado, en el 2022, el número promedio de hijos por mujer fue 1.9, aunque hubieran deseado tener 1.4. Entre las mujeres del quintil más rico, el número de hijos fue de 1,3 y hubieran deseado tener 1.1, mientras que, en el quintil más pobre, tuvieron en promedio 3 hijos, y hubieran deseado tener 2. Según lugar de residencia, en el área urbana es de 1,7 mientras en el área rural es de 2,8.
Según la misma ENDES, alrededor del 54% de mujeres que tuvieron un embarazo o un parto en los últimos cinco años previos a la encuesta este no fue deseado al momento de la concepción, y el 75% de adolescentes que se convirtieron en madres hubieran deseado postergar la maternidad. Es decir, 1 de cada 2 mujeres y 3 de cada 4 adolescentes hubieran deseado postergar el embarazo. Esos datos demuestran el gran desafío que aún enfrentan las mujeres peruanas para ejercer su derecho a decidir cuántos hijos tener y cuándo, aspecto que fuera acordado hace 30 años en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en El Cairo y ratificado por la Conferencia Regional sobre la Población y el Desarrollo para América Latina y El Caribe, llamado el Consenso de Montevideo, en el 2013.
La planificación familiar es un derecho humano, por consiguiente, debe estar al alcance de todos y todas quienes deseen ejercerlo. Sin embargo, la realidad es que el ejercicio de este derecho se ve limitado particularmente en las personas que viven en situación de vulnerabilidad. Obstáculos tales como la calidad y disponibilidad de los suministros y servicios, unidos a las normas discriminatorias de género, limitaciones de carácter socioeconómico y al acceso geográfico, son parte de una problemática persistente que afecta la autonomía corporal de las mujeres y que urge ser superada.
