En Audiencia de Rendición de Cuentas, Ministerios de Educación (MINEDU), y Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) destacaron avances normativos y preparación de docentes para fortalecer implementación de la educación sexual y prevenir la violencia en el ámbito escolar. Coincidieron en que aún existen desafíos para alcanzar esta meta en aspectos como lograr un mayor involucramiento de los diversos sectores de la sociedad, la formación de los y las docentes y la asignación de presupuesto público.
Por su parte, la congresista Indira Huilca, hizo una reflexión crítica sobre el rol del Congreso. “No hemos avanzado como deberíamos para garantizar la implementación de la educación sexual y los derechos sexuales y reproductivos. El Congreso tiene una responsabilidad de fiscalizar, promover el diálogo informado y hacer seguimiento a las políticas públicas”, resaltó. Alertó además sobre proyectos de ley que buscan modificar contenidos del Currículo Nacional frente a lo cual consideró necesario respetar las competencias de los poderes del Estado.
Durante el evento –organizado por el Despacho de la congresista Indira Huilca e INPPARES con el apoyo de la Alianza por la Educación Sexual Integral ¡Sí podemos! – se recordó que el Estado peruano ha suscrito acuerdos internacionales donde se compromete a trabajar por el cumplimiento de metas y la implementación de medidas específicas vinculadas a la garantía de la educación sexual integral. Es el caso de la Agenda 2030 (en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 4 y 5) y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.
En ese sentido, Carmen Murguia, Analista de Programa en Temas de Adolescencia y Juventud del UNFPA, señaló que “existen marcos conceptuales y evidencia científica sobre los aprendizajes y la orientación a docentes. El nuevo Currículo Nacional de Educación Básica es un avance importante. Los enfoques de igualdad de género y derechos humanos, el abordaje de la autonomía de las personas en la toma de decisiones, el respeto por la diversidad y la transmisión de información y conocimientos basados en evidencias científicas son principios no negociables de la educación sexual integral. El desafío consiste en priorizarlo y asignar presupuesto para hacerlo realidad”.
Por una escuela que prevenga la violencia, los embarazos tempranos y reduzca desigualdades
“Una educación de calidad debe tener como base la educación sexual integral para la vida”, reflexionó María Teresa Ramos, Asesora del Viceministerio de Gestión Pedagógica del MINEDU. De cara a esta oportunidad para millones de niñas, niños y adolescentes informó que se está preparando el relanzamiento de la Dirección de Tutoría y Orientación Educativa con el objetivo de fortalecer capacidades de docentes y especialistas de las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) en educación sexual y prevención de la violencia, mediante una propuesta de formación virtual y la creación de un sistema de información sobre convivencia escolar, entre otras iniciativas.
“La educación sexual integral contribuye a reducir embarazos no deseados y violencia, así como a construir proyectos de vida saludables”, mencionó a su vez, Milagros Ríos, Directora del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del MIMP. Como avance de su sector resaltó el Proyecto de Intervención en la Comunidad Educativa que viene implementando con el MINEDU para prevenir la violencia mediante cinco líneas de acción estratégica: el fortalecimiento de la acción tutorial, el desarrollo de sesiones de tutoría en el aula, acciones de orientación dirigidas a estudiantes, la capacitación a estudiantes líderes y el trabajo con las familias.
América Latina, una región con avances dispares en la implementación de la educación sexual integral
Así como en el Perú, los países de la región enfrentan diversos desafíos para progresar en la implementación de la educación sexual integral que permita a niños, niñas y adolescentes prevenir la violencia y los embarazos tempranos, y enfrentar los estereotipos y desigualdades en entre hombres y mujeres. Ello tiene un impacto en el curso de vida de millones de personas, en sus oportunidades futuras y en la acumulación de capital social y económico para los países.
Según un estudio realizado por la Oficina Regional para América Latina del UNFPA en 16 países de la región, alrededor del 70% de los países de América Latina cuenta con un programa o iniciativa oficial de educación sexual integral, aunque sólo la tercera parte se encuentra en un estado avanzado de implementación, menos de la mitad tiene un presupuesto asignado y un tercio declara que los avances logrados han tenido un retroceso.
Representantes del INPPARES y la Alianza por la Educación Sexual Integral ¡Sí podemos! destacaron que recientemente una encuesta urbana–rural del Ministerio de Educación (MINEDU), revela que el 94% está muy de acuerdo o de acuerdo con que el MINEDU promueva un enfoque de igualdad de género en las aulas. Es decir, tal como refirió el sector en las últimas semanas, que los niños y las niñas tengan los mismos derechos, deberes y oportunidades.
