Cada 19 de noviembre, en el Perú, se conmemora el Día Nacional de la eliminación de la Violencia Sexual contra niñas, niños y adolescentes. Este día adquiere una importancia crucial al ser testigos de que la violencia sexual es el tipo de violencia con mayor aumento en los últimos 5 años.
En el Perú, las víctimas de violencia sexual son sobre todo niñas y adolescentes entre 12 y 17 años. Este tipo de violencia -entre violación sexual, hostigamiento sexual, tocamientos indebidos, actos de connotación sexual o violencia a través de medios tecnológicos- suele ocurrir en los entornos más cercanos.
En lo que va del año, los servicios especializados del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) han registrado y atendido más de 16,000 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, y más de 6,000 niñas y adolescentes que han sufrido violación.
Las consecuencias de la violencia sexual en la niñez tienen un impacto devastador en su salud, afectando su desarrollo social, emocional y cognitivo, marcándolas de por vida. Las secuelas pueden manifestarse de diversas formas, desde el abandono escolar hasta la dificultad para acceder a empleo digno, resultando en condiciones de exclusión y pobreza que pueden perpetuarse en generaciones futuras. Además, las complicaciones derivadas de la violencia sexual, como embarazos no deseados y abortos inseguros, pueden llevar a consecuencias trágicas, incluida la muerte o el deterioro de la salud física y mental con lesiones autoinfligidas.
Pasos hacia adelante
El pasado 2 de noviembre, el Congreso de la República dio un paso crucial al aprobar una ley que prohíbe el matrimonio de menores en el Perú, poniendo fin a una práctica nociva que vulnera la autonomía corporal de las niñas y adolescentes. Esta ley representa un paso importante en la defensa de los derechos de las niñas, brindándoles la oportunidad de alcanzar su máximo potencial y de vivir en entornos seguros, libres de violencia, protegiéndolas de violaciones y de embarazos forzados.
La ley aprobada prohíbe expresamente que menores de 18 años puedan contraer matrimonio, cerrando así la puerta de forma definitiva a una interpretación legal que —en la práctica— lo que hacía era encubrir casos de violencia contra menores, sobre todo niñas.
Erradicar la violencia infantil para que nadie se quede atrás
Las niñas y adolescentes representan un gran potencial para acelerar la ruta hacia el desarrollo de sus comunidades y países. Fortalecer al sistema y los operadores de justicia para salvaguardar la integridad y reparar el daño de niñas y mujeres antes situaciones de violencia y abuso sexual es urgente. Incrementar y enfocar las inversiones en este ámbito contribuirá al bienestar de las adolescentes, sus derechos a la educación, la salud, la igualdad de oportunidades y la protección contra prácticas nocivas como la violencia sexual.
