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Violación sexual es la segunda infracción más común entre menores recluidos en centros juveniles peruanos

3 Julio 2017

Investigación del MINJUS y la ONU demuestra que mejora en la prevención de la delincuencia juvenil y resocialización de infractores menores de edad requiere un enfoque de género y derechos humanos.

Después del robo, la violación sexual es la infracción más común cometida por los hombres recluidos en centros juveniles. A nivel nacional, 43% de los jóvenes recluidos lo está por robo agravado y el 13%, por violaciones. En algunas regiones, las reclusiones por violación sexual son más frecuentes: En el Cusco, por ejemplo, la violación sexual ocupa el primer lugar, con más del 41% de los infractores; y en Arequipa y Huancayo, el segundo, con 25% y 24% respectivamente. 96 de cada 100 menores recluidos son hombres.

La investigación “Justicia juvenil diferenciada: Hacia una atención con mayores oportunidades para adolescentes en conflicto con la ley penal” realizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) en alianza con el Programa Conjunto de Seguridad Humana de las Naciones Unidas permite identificar las características sociales, familiares y delictivas de las y los adolescentes internados en Centros Juveniles, así como conocer la relación entre sus infracciones y las experiencias de contacto con el Sistema de Justicia. Se basa en información inédita del Censo de Centros Juveniles realizado en 2016 y testimonios de adolescentes infractores (varones y mujeres) recluidos en Lima y Trujillo.

“Lo que tratamos de hacer con esta publicación es, mediante el análisis, mejorar las condiciones del tratamiento y mitigar las causas que impulsan a las infracciones en los adolescentes o reducir la posibilidad de la reincidencia”, señaló el Viceministro de Justicia, Edgar Carpio Marcos en su discurso inaugural.

El machismo y la marginalidad como disparadores de la violencia

El estudio revela importancia de atender factores sociales y culturales que devienen en la solución violenta de conflictos y violencia contra la mujer, así como de incorporar los enfoques de derechos humanos y género en las políticas de prevención y en la atención a los infractores.

“Diversos estudios han mostrado que la resolución violenta del conflicto tiene una dimensión cultural estrechamente vinculada al machismo. En ese contexto, no es de extrañar que la violación sexual se encuentre en el segundo lugar más común de los delitos cometidos por los jóvenes infractores (…) Los relatos de las entrevistadas dan cuenta de la tremenda influencia que ejerce la pareja sentimental en las infracciones en las que las adolescentes se ven envueltas.”, aseguró Elena Zúñiga, Representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Asimismo, los perfiles de los infractores, hombres y mujeres, revelan historias de marginalidad, desempleo o empleo precario, bajo rendimiento educativo o abandono de la escuela, trabajo infantil, vínculos cercanos con personas que delinquen y una elevada incidencia de violencia doméstica.

El estudio muestra que 9 de cada 10 infractores no tienen educación básica completa. 8 de cada 10 trabajaron antes de ingresar al centro juvenil, la mitad en empleos precarios y 39% antes de cumplir los 14 años. Por otro lado, 38% de los infractores hombres abandonaron sus hogares antes de los 15 años, lo mismo que el 47% de las infractoras mujeres. En cerca de la cuarta parte de los casos lo hicieron por situaciones de violencia familiar y un 7% declaró que se fue por problemas en la familia.

Frente a estas situaciones de riesgo y vulneración de derechos “se requieren políticas integrales y con enfoque de género que favorezcan que las y los jóvenes se reconozcan como actores sociales, actores políticos y sujetos con derechos plenos. Políticas que les ayuden a generar capacidades y oportunidades para construir sus propios proyectos, impulsar sus emprendimientos, incorporarse al mercado laboral, hacer buen uso del tiempo libre y desarrollar su creatividad. Y sobre todo tener un sentido de futuro, de mejora y movilidad social”, señaló Elena Zúñiga.

4 recomendaciones del estudio para lograr una justicia que rehabilite a adolescentes infractores

  1. Plantear el tratamiento de acuerdo a perfiles y necesidades especiales de atención (de salud, psicológica, de atención a adicciones u otras).
  2. No desconocer la heterogeneidad de la población adolescente y garantizar el respeto de sus derechos y la no discriminación.
  3. El diseño de estrategias de intervención para el logro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres debe apuntar a la superación de las relaciones asimétricas persistentes en la sociedad.
  4. Desplegar un trabajo articulado entre los diferentes niveles de gobierno con el fin de establecer estrategias para superar factores de riesgo y generar las condiciones necesarias para el óptimo desarrollo de las y los adolescentes en donde sus escenarios de socialización cumplan un rol protector.

Datos sobre el perfil de los/as adolescentes recluidos

  • De 2005 a 2015, el número de infractores registrados por la Policía Nacional incrementó en un 150% y los casos atendidos por el Sistema de Reinserción Social aumentaron en 245%.
  • En el caso de los hombres recluidos en centros juveniles, el 30% mencionó que no culminó su educación porque no le gustaba estudiar, 26% porque ingresó al centro juvenil y 19% porque tenía necesidad económica. En el caso de las mujeres, 28% lo atribuyeron a que no le gustaba estudiar, el 19% por haber ingresado a un centro juvenil y un 15% por problemas familiares o porque la familia no se lo permitió.
  • 8 de cada 10 consumían alcohol y 6 de cada 10 consumían drogas. La gran mayoría había consumido alcohol (69%) o marihuana (24%) horas antes de cometer la infracción.
  • 6 de cada 10 habían abandonado su hogar: una tercera parte para independizarse y una cuarta parte por violencia familiar.

La presentación de la investigación se realizó en Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y contó con la presencia de la congresista Indira Huilca Flores; el Adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo Torres; el Director General de Política Criminal y Penitenciaria del MINJUS, Víctor Quinteros Marquina; el coordinador del Programa Conjunto de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana, Julio Corcuera Portugal; y la Representante del UNFPA, Elena Zúñiga.