Se centra en fomentar el derecho a una vida libre de violencia y al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como condiciones indispensables para avanzar en la igualdad de género.

Sus estrategias están destinadas a: 

• Asegurar la inclusión del enfoque de género en las políticas públicas, particularmente, en el ámbito de la salud sexual y reproductiva y del derecho a una vida libre de violencia.
   
• Fortalecer las competencias técnicas de funcionarios públicos y actores clave en materia de género y derechos humanos de las mujeres.
   
• Garantizar que se provean los servicios de salud sexual y reproductiva y de prevención y atención de la violencia que coloquen al centro las necesidades de las mujeres a lo largo de su ciclo de vida.

El UNFPA busca contribuir con el Estado, sociedad civil, academia y actores clave para lograr un país en el que las mujeres, en su diversidad, vivan libres de violencia y ejerzan plenamente sus derechos sexuales y reproductivos.

Los hitos más relevantes son los siguientes:

• Asistencia técnica y abogacía basada en evidencia para la aprobación de, por lo menos, cinco instrumentos normativos que establecen un enfoque multisectorial para atender la violencia contra la mujer y promueven la igualdad de género.
   
• Política Nacional de Igualdad de Género.
   
• Protocolo articulado de los Centros de Emergencia Mujer y establecimientos de salud.
   
• Protocolo de actuación conjunta entre los Centros de Emergencia Mujer y las comisarías.
   
• Guía técnica para la atención de la salud mental de la población afectada en contexto de la COVID-19.
   
• Norma Técnica de Salud para el Ciudadano Integral a Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar Afectados por Violencia Sexual.
   

El UNFPA brindó asistencia técnica y financiera a la Dirección Regional de Salud de Piura y al Centro de Salud “Santa Julia” a fin de instituir el primer Centro de Emergencia Mujer en un establecimiento de salud.

De esta manera, se constituyó el primer piloto orientado a promover la articulación de los servicios de salud y de los servicios socio-legales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), de modo que se asegure la atención integrada y multidisciplinaria para las sobrevivientes de violencia.