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Entre la cuarta parte y la mitad de las mujeres de países latinoamericanos reportan haber sufrido alguna vez violencia física o sexual por parte de su pareja

10 Abril 2015
Congreso Latinoamericano abordó la relación entre la violencia contra la mujer y la realización de sus derechos sexuales y reproductivos.
Congreso Latinoamericano abordó la relación entre la violencia contra la mujer y la realización de sus derechos sexuales y reproductivos.

Según los estudios realizados en América Latina y El Caribe, la violencia física o sexual afecta entre el 17% al 53% de la población de mujeres alguna vez casadas o unidas de los países de la región. 

En el Perú, cuatro de cada diez mujeres reportan haber sido víctimas de violencia física o sexual por parte de sus parejas, según la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2014). En 2014, el Ministerio Público registró 19,204 denuncias por violencia sexual. En el mismo año, los Centros de Emergencia Mujer atendieron más de 50,485 casos de violencia psicológica, física y sexual, un promedio de más de 138 casos cada día. No obstante, la situación es aún más compleja, pues sólo la cuarta parte de las víctimas busca apoyo en una institución pública (ENDES 2014).

En este contexto, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), la Comisión Andina de Juristas (CAJ) y la Asociación de Jueces para la Justicia (JUSDEM), con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), organizaron el IV Congreso Latinoamericano Jurídico sobre Derechos Reproductivos: Violencia contra la Mujer y Justicia Reproductiva del 2 al 4 de noviembre de 2015 en Lima.

El evento tuvo como objetivo mejorar la compresión de la relación entre el derecho a una vida libre de violencia y el ejercicio de los derechos reproductivos, fomentar el diálogo entre operadores de justicia, miembros del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, la Academia y de la sociedad civil para analizar decisiones judiciales que han sentado un precedente importante en temas de violencia vinculados a derechos reproductivos. Además, buscó fortalecer la argumentación jurídica y la interpretación judicial con perspectiva de género, salud pública y derechos humanos para garantizar la vigencia de los derechos reproductivos de las mujeres.

Fortaleciendo la protección de los derechos reproductivos

“Esperamos que el diálogo permita reflexionar a los operadores legales, miembros de la Academia y de la sociedad civil sobre qué hacer para hacer vigentes los derechos reproductivos de la mujer en las políticas públicas y resoluciones judiciales”, afirmó el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, durante la inauguración. Agregó que los embarazos en adolescentes, especialmente en aquellas menores de 15 años, las muertes de maternas y el alto índice de violencia contra la mujer son una muestra de la agenda pendiente para asegurar que las mujeres puedan tener control sobre su sexualidad y decidir libremente sobre ella.

Mencionó que se han logrado importantes avances, como la aprobación del Protocolo de Aborto Terapéutico, pero aún es necesario fortalecer la prevención y atención de la violencia contra la mujer, y ofrecer mayores medidas de protección para las víctimas de violencia. “Necesitamos consensos que contribuyan a mejorar las políticas públicas. Erradicar la violencia debe ser un compromiso de todas y todos”, concluyó.

A su vez, Esteban Caballero, Director Regional del UNFPA, resaltó la importancia de reconocer las instancias y evidencia científicas para las decisiones jurídicas y de atender a las mujeres que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad y exclusión. “Estamos hablando de reconocer a la mujer como sujeto de derecho, identificando las desigualdades entre los diversos grupos de mujeres y los ámbitos donde la presencia del Estado se encuentra seriamente amenazada y existe un entorno de violencia. Es ahí donde la justicia debe operar y reconocer sus derechos”, sostuvo.

De manera similar, remarcó que es necesario reconocer al adolescente como sujeto de derecho con una autonomía progresiva que va desarrollándose y no únicamente como objeto de protección. “Hay una ceguera de la sociedad en reconocer la actividad sexual de adolescentes mayores de 14 años. En el marco de la Segunda Conferencia Regional de Población y Desarrollo de América Latina y El Caribe, los gobiernos de la región reconocieron la importancia de asegurar los derechos reproductivos y de ampliar la visión de no discriminación”, recordó.

La violencia contra la mujer como violación de los derechos reproductivos

Cécile Blouin, Representante de la CAJ, resaltó que es necesario analizar la violencia contra la mujer como un asunto político, con enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad, así como sus vínculos con los estereotipos y roles asociados a las mujeres y hombres en la región. “El desafío reside en que las violaciones a estos derechos humanos son estructurales; es decir, provienen de las instituciones y prácticas sociales que impiden reconocer los derechos reproductivos. Por otro lado, el rol de los jueces en materia de protección de estos derechos es fundamental”, remarcó.

Finalmente, Jorge Luis Ramírez, Juez del Segundo Juzgado Constitucional de Lima, compartió su experiencia como Juez de Juzgado de Familia. “He podido apreciar que 96 de cada 100 procesos por violencia familiar tenían como víctima a una mujer. Existe mucha carga procesal e insuficientes juzgados para resolver el tema de la violencia familiar”, afirmó. 

Existen diversas conexiones entre la violencia contra las mujeres y los derechos reproductivos, pues, la violencia de género produce serias afectaciones al ejercicio de los derechos reproductivos, como embarazos no planeados y/o infecciones de transmisión sexual que pueden terminar, incluso,  en  casos de morbilidad o muerte materna.

En ese sentido, la autonomía reproductiva, es esencial para romper con los ciclos de violencia.  Es decir, que las mujeres tengan control sobre su cuerpo y la capacidad de decidir libremente si desean tener hijos y cuándo lo desean es crucial para acabar con la violencia de género y para garantizar el real ejercicio de los derechos humanos de las mujeres; particularmente, en el ámbito de la salud sexual y reproductiva.