El ciclo de capacitaciones se llevó a cabo en Lima, Arequipa, Cusco, Huancayo y Abancay, ciudades donde existen altas tasas de violencia contra la mujer, entre septiembre y noviembre de 2018. Fue organizado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con el apoyo del Programa Conjunto de las Naciones Unidas “Servicios Esenciales para mujeres y niñas sometidas a violencia”, implementado por el UNFPA, PNUD y OPS en alianza con los sectores de gobierno e instituciones estatales que lideran la lucha contra este delito.

Como cierre del ciclo, se realizó un taller en Lima, dirigido a más de 60 operadores de justicia y protección sobre el “Protocolo interinstitucional de acción frente al feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia de pareja de alto riesgo”. Participaron funcionarios de juzgados de familia, comisarías, fiscalías de familia distritales, unidades distritales de víctimas y testigos (Udavit), defensa pública, oficinas defensoriales, centros de emergencia mujer y hospitales, entre otros actores clave del sistema de justicia y protección.

“El protocolo de feminicidio es fundamental porque el criterio de los operadores de servicio pasa a ser el riesgo en el que está la víctima y de inmediato, la decisión es protegerla, mediante un trabajo articulado”, explicó Ana María Mendieta, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables durante la inauguración del taller.

Dicho instrumento contempla los procedimientos de intervención interinstitucional para la atención integral, eficaz y oportuna de los casos. Permite así que los operadores de justicia y protección optimicen su atención para lograr acceso a la justicia para las familias de las víctimas, así como la recuperación física y emocional de las sobrevivientes.

Fortalecer la articulación para enfrentar la violencia

Los feminicidios se presentan como el eslabón final de una cadena de afectaciones a los derechos humanos de las mujeres. “Esta situación nos debe movilizar para evitar su ocurrencia, así como para que en los casos que no haya sido posible prevenirlos se garantice el acceso a la justicia de las sobrevivientes y de sus familiares”, señaló Markus Behrend, representante del UNFPA en el Perú.

Este desafío solo puede alcanzarse con la acción articulada de todos los actores para asegurar, mediante la ejecución del protocolo, criterios comunes de intervención, fortalecer las acciones de prevención del feminicidio y facilitar el acceso a la justicia para los familiares de las víctimas y las sobrevivientes.

“No se puede pensar en cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, sin pensar en la igualdad de género (…) Es necesario un trabajo interinstitucional para asegurar una respuesta ágil y efectiva a la violencia contra la mujer”, recalcó, en ese sentido, María del Carmen Sacasa, coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú.

Datos clave

• El Protocolo interinstitucional de acción frente al feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia de pareja de alto riesgo fue aprobado en 2015 y se actualizó en junio de 2018, de conformidad con la Ley N° 30364 y su reglamento.
• Según estadísticas del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del MIMP, entre enero y setiembre de 2018, el 8% de víctimas de feminicidio hizo una denuncia previa por agresión y solo al 3% se le otorgaron medidas de protección.
• El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha atendido 1,106 casos de feminicidio e identificado 1,308 casos de tentativa de feminicidio desde la tipificación del delito en el 2009 (información a septiembre de 2018).