La violencia sexual, una de cuyas manifestaciones es la violación sexual, afecta a las personas más vulnerables, como niñas, niños, adolescentes y mujeres adultas. La situación se agrava porque por lo general quienes las agreden son personas conocidas, muchas de ellas de su propia familia. De ahí que nuestra adecuada intervención resulte vital, más aún en el actual contexto de emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en el que subsiste la obligación de garantizar la atención a las víctimas de violencia sexual.

Las víctimas de violencia sexual están en especial situación de vulnerabilidad; por ello, como personal de salud del Estado, estamos obligados y obligadas a brindarles un servicio oportuno y de cuidado de su salud integral, lo que comprende asegurar la recuperación de su salud mental y física, incluida la salud sexual y reproductiva, así como recuperar y obtener pruebas de los hechos. Con una atención adecuada contribuimos a recobrar la salud de las víctimas y promovemos su acceso a la justicia. Por ello, nuestro rol es fundamental para su presente y su futuro.