LIMA, Perú - Con motivo de la conmemoración del vigésimo aniversario de la Conferencia Internacional de la Mujer, Beijing +20, el despacho de la congresista Luz Salgado organizó un foro en el que representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), la Comisión de la Mujer y la Familia del Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) expusieron los avances y desafíos en el logro de los derechos de las mujeres peruanas.

Elena Zúñiga, Representante del UNFPA, hizo un balance de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres peruanas y de la situación de la violencia basada en género. Mencionó importantes logros alcanzados por el Estado peruano, con el valioso aporte de la sociedad civil, especialmente de las organizaciones de mujeres.

Entre ellos, destacó la implementación de un marco normativo que ha permitido disponer de mayores recursos para fortalecer a las instituciones públicas en este ámbito y desarrollar programas y estrategias que contribuyan a avanzar hacia la equidad de género, así como para enfrentar la violencia contra la mujer. Reconoció además grandes progresos en materia de salud y protección social, como el aumento del parto institucional, la reducción de la mortalidad materna y el incremento del aseguramiento público en salud.

Por otro lado, identificó como principales desafíos a enfrentar – en el marco de la nueva agenda de desarrollo hacia el 2030– continuar reduciendo la mortalidad materna, prevenir el embarazo en adolescentes que actualmente alcanza al 15% de las adolescentes en el país y mejorar la protección de las mujeres frente a la violencia basada en género.

En esa línea, expuso seis líneas prioritarias de intervención para superar dichos retos:

Integrar en las políticas de desarrollo medidas que aseguren una atención en salud sexual y reproductiva, accesible y asequible para todas las mujeres con métodos anticonceptivos para quienes lo requieran.

Eliminar las barreras que restringen el acceso de los/as adolescentes a servicios de salud sexual y reproductiva, pues ello constituye un obstáculo para el ejercicio saludable de su sexualidad y los coloca en mayor riesgo frente a infecciones de transmisión sexual y embarazos no planificados.

Implementar sistemas de protección social para las menores de edad embarazadas con el objetivo de que no abandonen la escuela, se garantice su salud y no sean discriminadas.

Mejorar la protección de las víctimas de violencia contra la mujer, agilizando los procedimientos judiciales, combatiendo la impunidad y garantizando la atención adecuada y oportuna de las víctimas de violencia en los servicios de emergencia de los establecimientos de salud.

Visibilizar las estadísticas de criminalidad que tiene como víctima a las mujeres y, en general, priorizar la producción y uso de información desagregada por sexo en todos los sistemas institucionales para el diseño e implementación de políticas públicas en materia de derechos humanos de las mujeres.

Reforzar las intervenciones regionales para mejorar las condiciones de vida de las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad, con especial atención a las mujeres indígenas y afrodescendientes quienes enfrentan graves situaciones de discriminación.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, recordó el rol fundamental que ha tenido el movimiento de mujeres en la promoción de sus derechos que tuvo como hito crucial la Conferencia de Beijing.

Señaló que se han alcanzado importantes avances, como la igualdad en la educación primaria y secundaria, la mayor protección social con programas como Juntos y el incremento en la participación de programas de capacitación e inserción laboral, como "Impulsa Perú" y "Jóvenes a la Obra".

Señaló además que existen múltiples desafíos, como revertir la situación de la pobreza en la mujer, la sobrecarga de sus tareas en el hogar, la desigualdad en la valoración y remuneración de su trabajo y la violencia a la que son sujetas muchas de ellas. Enfatizó de manera particular el reto de disminuir la tasa de embarazo en adolescentes, las brechas de analfabetismo, la deserción escolar secundaria y las dificultades para culminar la educación superior. Frente a ello propuso como prioridades integrar el enfoque de género en la política educativa, implementar la política de educación sexual en las escuelas, erradicar las desigualdades de género y la discriminación, y promover una educación ciudadana en temas de género que fortalezca nuestra democracia y el desarrollo humano en el país.

A su vez, Ana María Mendieta, Viceministra de la Mujer, expuso sobre los importantes avances en el marco normativo de protección y promoción de los derechos de la mujer, y destacó la creación de la nueva Dirección de Promoción y Desarrollo de la Autonomía de la Mujer. Señaló además que se viene realizando un trabajo conjunto con las comunidades para prevenir la violencia y crear sistemas de vigilancia comunitaria para evitarla y generar una sanción social.

Las ponentes coincidieron en resaltar que revertir la situación de desigualdad y violencia que viven las mujeres peruanas, así como prevenir el embarazo en adolescentes es fundamental para asegurar el cumplimiento de los derechos de la mujer y que esta tarea debe ser abordada por todos los sectores, espacios e instituciones. El evento concluyó con la reafirmación del compromiso de las instituciones participantes en continuar trabajando en esta línea para que todas las mujeres peruanas puedan vivir sin violencia y disfrutando a plenitud de sus derechos.