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SENAJU y UNFPA logran compromisos para reducir impacto de la pandemia en adolescentes y jóvenes

"Urge una acción decidida en aquellos grupos históricamente relegados: mujeres, juventudes rurales, indígenas, afroperuanas, LGBTIQ+, migrantes y refugiadas; de lo contrario, estaremos condenándolos a una vida con grandes restricciones que impactarán en el desarrollo del país"

 

En el segundo y último día del Foro Virtual “Juventudes y Adolescencias en pandemia”, organizado por la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), coordinadores y residentes de Naciones Unidas (ONU), autoridades estatales y voceros de organizaciones juveniles, coincidieron en la necesidad urgente de activar políticas que reduzcan las brechas en adolescentes y jóvenes tras los impactos adversos ocasionados por la pandemia de la COVID-19.

 

Tras la presentación del Informe Nacional de la Juventud 2020, elaborado por la SENAJU, y en el que se sistematizan los indicadores más relevantes en materia de educación, trabajo, salud, salud sexual y reproductiva, criminalidad, discriminación y participación ciudadana, UNFPA entregó un estudio orientado al impacto de la COVID-19 en el ejercicio de los derechos y la salud sexual y reproductiva de adolescentes, jóvenes indígenas y afroperuanos.

 

"Desde las Naciones Unidas y del UNFPA Perú reafirmamos nuestro compromiso por colaborar con los actores nacionales para hacer énfasis en atender las necesidades de las poblaciones históricamente dejadas atrás, juventudes indígenas, afroperuanas, LGTBIQ+, juventudes rurales, con alguna discapacidad, migrantes y otras a fin de comprender el ejercicio de sus derechos hacia la agenda 2030", sostuvo Hugo González, representante de UNFPA en el Perú; la investigación se encuentra en el sitio www.unfpa.org.pe

 

A su turno, María Eugenia Mujica, representante auxiliar del UNFPA Perú, remarcó la necesidad de que las políticas públicas para las adolescencias y las juventudes tengan un enfoque de género; algo que implica asegurar el acceso pleno de adolescentes y jóvenes a la salud sexual y reproductiva, al ejercicio de sus derechos y su salud sexual y reproductiva y a su derecho a vivir libre de violencia. "Así como avanzar en un sistema nacional de cuidados que permita que adolescentes y jóvenes en su diversidad puedan desarrollar sus capacidades plenamente y acceder a oportunidades a las que tienen derecho y poder tener la libertad de llevar la vida que deseen", subrayó.

 

Un momento especial del Foro Virtual fue el acercamiento entre líderes de organizaciones juveniles con autoridades del gobierno peruano, en un diálogo franco y abierto respecto a la crisis generacional que golpea a las adolescencias y juventudes indígenas y afroperuanas. Así, Liliana Pizán, de la Asamblea Nacional de Consejos Regionales de Juventudes; Milagritos Honorio, coordinadora del área de Género y Derechos Sexuales y Reproductivos de la Red Interquorum; Lía Zevallos, secretaria general de Ashanti Perú–Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes; y Katherine García, representante de la organización juvenil Ñañaykuna expusieron la problemática de estos grupos etarios a autoridades del Estado peruano.

 

Así, Lina Arenas, viceministra de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer; Edgardo Rodríguez, director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia; y Daniella López, responsable de la estrategia de información y alerta temprana para Pueblos Indígenas y Afroperuanos del Ministerio de Cultura atendieron y trazaron compromisos, en tiempo real, desde sus respectivas carteras.

 

Las principales conclusiones del Foro Virtual “Juventudes y Adolescencias en pandemia”, suscritas por coordinadores y residentes de Naciones Unidas (ONU), autoridades estatales, voceros de organizaciones juveniles, además de representantes de la Organización Wayna Wila UJIA, YPARD Perú-Jóvenes por el Desarrollo Agrario, del Jurado Nacional de Elecciones y de OXFAM Perú consisten en potenciar la institucionalidad pública en materia de juventudes, invertir y destinar presupuesto para políticas, programas y proyectos en favor de la juventud para aprovechar el contexto de bono demográfico, poner especial énfasis en fortalecer a poblaciones jóvenes históricamente vulnerables: indígenas, afroperuanas, LGBTI+ y con discapacidad, además de reafirmar la pertinencia del enfoque de género en la gestión pública.