La violencia basada en género es un asunto de derechos humanos y un problema de salud pública y tiene un mayor impacto en mujeres migrantes y refugiadas reconocidas como un grupo en particular riesgo, debido a la discriminación y violencia que sufren (1).
En Perú, durante el estado de emergencia por el COVID-19, la violencia basada en género no se ha detenido. Hasta noviembre del año pasado, los Centros de Emergencia Mujer atendieron 1283 casos, 1041 casos de violencia contra personas extranjeras provenientes de Venezuela. En los dos últimos años la violencia física ha sido las más recurrente (en el 2020 con el 47,3%), seguida de la violencia psicológica. La violencia sexual durante el 2020, ha tenido una mayor incidencia (12.6% frente al 10,3% en el 2019). Cabe resaltar como variable de mayor vulnerabilidad, que más de la mitad de las mujeres migrantes que acudieron al CEM no tenía carnet de extranjería (53.9 %) (2).
Las personas migrantes y refugiadas han venido enfrentado dificultades adicionales para buscar ayuda en los servicios de protección de Perú, brecha que se ha agudizado con las medidas de contención frente a la pandemia, como el confinamiento y restricción de movilidad. De acuerdo a un estudio, en el mes de junio sólo el 16,6% de las mujeres venezolanas encuestadas pudieron acceder a servicios de protección y, en todos los contextos, las personas informaron que el miedo, la falta de conocimiento, la vergüenza o la falta de confianza en el sistema, eran las principales barreras para acceder a estos (3).
Cabe señalar, que al inicio de la emergencia por COVID-19, fueron declarados como servicios esenciales de atención a la violencia basada en género la Línea 100, Servicios de Atención Urgente, hogares de refugio y el Equipo Itinerante de Urgencia (4). Paulatinamente desde julio, empezaron a funcionar los Centros Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional de manera presencial, sin embargo, debido a las restricciones de movilidad, el temor al contagio, la convivencia con el agresor, entre otros factores, hace importante contar con estrategias adecuadas que acerquen a la población migrante y refugiada, así como sus comunidades de acogida, a los servicios públicos disponibles que aseguren una atención multisectorial (3).
Una de estas estrategias es la provisión de servicios remotos para la atención a mujeres adultas y adolescentes sobrevivientes de Violencia Bsada en Género (VBG) bajo modalidades adaptadas al contexto COVID-19, a través del uso de herramientas tecnológicas que pueden ser claves para la adaptación de servicios, (como llamadas telefónicas, chat, video llamadas o redes sociales) asegurando espacios seguros virtuales de orientación e información sobre las rutas de atención desde los servicios de salud, apoyo psicosocial y acceso a la justicia que se brindan para casos de violencia.
En ese marco, Flora Tristán, como socio implementador de UNFPA y organización feminista de larga experiencia, implementó una serie de actividades brindando orientación e información a sobrevivientes de violencia de género, atendiendo a población migrante y refugiadas, así como mujeres en comunidades de acogida sobrevivientes de VBG en las regiones de Lambayeque, Piura, Tumbes y San Juan de Lurigancho. Como producto del trabajo realizado, se presenta las siguientes rutas de atención para casos de violencia física, psicológica, patrimonial y violencia sexual para sobrevivientes de VBG refugiadas, migrantes y mujeres en comunidades de acogida. Accede AQUÍ a las rutas de atención.
De esta manera, UNFPA Perú y Flora Tristán unen esfuerzos para garantizar intervenciones desde un enfoque de género, interseccional y centrado en las necesidades de las sobrevivientes, y siempre en articulación con actores claves estatales con competencia en la prevención y atención de la VBG, organizaciones humanitarias e instituciones de la sociedad civil, contribuyendo a que nadie se quede atrás.
