Sólo el 7% de procesados fue condenado por el delito de trata de personas en la muestra de expedientes analizados por el Informe Defensorial “Trata de personas con fines de explotación sexual en agravio de mujeres adultas”, presentado por la Defensoría del Pueblo con apoyo del UNFPA.

El estudio revela –a partir del análisis de casos en las regiones de Lima, Madre de Dios, Piura, Pasco, Lambayeque, Huánuco y Cusco– la importancia de fortalecer la actuación coordinada de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial en el procesamiento del delito, la persecución y sanción, así como para el acceso a la justicia y la protección de la integridad de las víctimas.

“El análisis del procesamiento de los casos que la Defensoría del Pueblo pone a disposición de tomadores de decisión es una medida fundamental para avanzar en la erradicación de esta práctica lesiva de los derechos fundamentales”, resaltó Elena Zúñiga, Representante del UNFPA en el Perú, durante la presentación de la publicación.

La trata de personas es un delito que afecta gravemente la dignidad de las personas, sus derechos humanos y sus posibilidades de desarrollarse. De cada 10 víctimas de trata de personas, 6 son niñas o adolescentes. En 2016, el Ministerio Público registró 1,144 denuncias de este delito.

“La trata de personas es una de las agresiones más crudas que sufre la mujer, junto con el feminicidio. Si no consideramos los derechos de las mujeres, no hay democracia”, enfatizó Walter Gutiérrez Camacho, Defensor del Pueblo, mostrando su preocupación por los niveles de la trata en Perú.

Una de las modalidades más frecuentes de trata en el Perú es aquella con fines de explotación sexual que afecta el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las víctimas, pues se asocia con violaciones y otras formas de violencia sexual, embarazos adolescentes e infecciones de transmisión sexual (ITS), entre otros efectos.

La erradicación de la violencia sexual en todas sus formas, incluida la trata, es un prerrequisito para el logro de compromisos internacionales relacionados con el desarrollo sostenible. La Agenda 2030 nos plantea un enorme desafío: identificar y abordar los factores determinantes de la exclusión como punto de partida para la construcción de un desarrollo con inclusión y justicia. 

De cara a ello, con el objetivo de contribuir a garantizar protección, justicia y bienestar para las mujeres y las niñas que han sufrido violencia, el UNFPA trabaja con el PNUD y OPS en la implementación del Programa Conjunto sobre “Servicios Esenciales para mujeres y niñas sometidas a violencia”, en alianza con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial.