En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad revisamos datos y realidades de las mujeres con discapacidad desde la salud sexual y reproductiva y la violencia basada en género.
Al referirse a las personas con discapacidad [1], es fundamental explorar las posibles brechas que existen entre ellas. Visibilizar las brechas de género entre las personas con discapacidad es fundamental para el cumplimiento del ODS 5 sobre igualdad de género, y para el cumplimiento de las leyes y políticas de igualdad de género vigentes en el país, sin dejar a nadie atrás.
Uno de los mayores retos para conocer la situación, las condiciones de vida y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad en el Perú es la calidad, cobertura y oportunidad de sus registros administrativos, y de las encuestas poblacionales, especializadas o no para conocer el ejercicio de sus derechos.
En 2020, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables/CONADIS realizó un estudio cualitativo sobre las percepciones y experiencias de las personas con discapacidad debido a la COVID-19, en el que se evidenció la discriminación, la poca sensibilidad de la sociedad y de las autoridades a sus demandas, la falta de información sobre sus derechos, la dificultad para acceder a las pensiones sociales, las escasas oportunidades de trabajo, las necesidades económicas, de medicación y de capacitación, así como la necesidad de sensibilizar a la sociedad sobre la discapacidad y los espacios con infraestructura adaptada para ellos. Según el último estudio sobre pobreza monetaria en el Perú para el 2021, los hogares pobres que tienen "al menos un miembro con discapacidad” representan el 17,2%; 3,9 puntos porcentuales más que los hogares no pobres que tienen esta población entre sus miembros (13,3%). En los hogares vulnerables no pobres, este porcentaje alcanza el 14,9%"[2].
La mayoría de los conflictos y dificultades en la sexualidad de las personas con discapacidad no se derivan de su discapacidad, sino de los mitos, prejuicios, creencias erróneas y miedos que la sociedad aún mantiene. La deconstrucción de estos estereotipos es necesaria para que las niñas, adolescentes y mujeres adultas con discapacidad puedan vivir su sexualidad de forma digna.
Un estudio del UNFPA indica que las personas con discapacidad tienen tres veces más probabilidades de sufrir violencia física, sexual y emocional en comparación con las personas sin discapacidad, y las mujeres tienen hasta diez veces más probabilidades de sufrir violencia sexual. Cuando la discapacidad afecta a la capacidad de comunicación de la persona, el riesgo de violencia es mayor (UNFPA-WEI, 2018). Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, dos tercios de los agresores de las mujeres con discapacidad son sus propios familiares, uno de cada cinco en casos de violencia sexual. Según el INEl[3], el 41,7% de las mujeres con discapacidad fueron víctimas de violencia por parte de su pareja; el 73,1% del área rural, 36,0 puntos porcentuales más que las del área urbana (37,1%); Un gran número de mujeres con discapacidad no denuncian la violencia, porque se enfrentan a muchas barreras para acceder al sistema de justicia, obtener protección y prevenir más violencia de género. Estas barreras comienzan cuando la familia ejerce violencia contra ellas; los problemas de movilidad y transporte, la falta de autonomía física y económica para una vida independiente; la falta de credibilidad en los centros policiales a la hora de denunciar, especialmente si son mujeres con discapacidad psicosocial, intelectual, auditiva o visual; la ausencia de protocolos de atención especializada para atender sus demandas en las comisarías o centros de salud, la negativa del personal policial, de salud o de justicia a atenderlas si llegan solas reclamando la compañía de algún familiar; la falta de capacitación de los funcionarios del Poder Judicial. Según la Relatora Especial de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad (2017) [4], la realidad de las niñas y mujeres con discapacidad es más grave ya que un número desproporcionado vive en situación de pobreza, exposición y abuso y violencia de género, lo que muestra muy pocas iniciativas para abordar la discriminación, el género y la discapacidad de manera transversal. Así, cuando una mujer con discapacidad es víctima de violencia o violencia sexual, su discapacidad no queda registrada en la ruta de atención de la denuncia porque los registros no incluyen esta condición. También ocurre que, debido a las barreras, a veces optan por el silencio para no ser revictimizadas en las instituciones o en sus propios hogares. Cuanto mayor es la dependencia económica, mayor es el silencio de las mujeres con discapacidad.
Es importante destacar que el Estado peruano viene realizando esfuerzos para responder mejor a esta problemática, un ejemplo es la reciente aprobación del manual para el manejo de casos de violencia de género en personas con discapacidad, elaborado con el apoyo de UNFPA PERÚ. Sin embargo, es necesario seguir avanzando para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de esta población.
Las mujeres con discapacidad no son un grupo homogéneo ya que se observan patrones de desventaja cruzados en este grupo[5]. Las mayores privaciones se dan en ciertos subgrupos expuestos a vulnerabilidades como las poblaciones rurales, indígenas o las que viven en la sierra o la selva, con una incidencia de pobreza multidimensional de 88,1%. Los resultados de un estudio muestran que las mujeres con discapacidad que viven en zonas rurales sufren una mayor incidencia de privaciones en 12 de los 1917 indicadores en comparación con las que viven en zonas urbanas. Las brechas más importantes se dan en los indicadores de vivienda, servicios básicos, atención médica, empleo, medios de comunicación y pobreza monetaria, en los que las diferencias con las zonas urbanas en algunos casos de educación alcanzan los 58 puntos porcentuales. Las mujeres indígenas tienen una mayor incidencia de carencias en 14 indicadores, encontrando las mayores brechas en atención médica, ausentismo y rezago escolar, logro educativo, analfabetismo, hacinamiento y conectividad social, entre otros. Las mujeres con discapacidad que viven en la sierra o en la selva tienen una mayor incidencia de privaciones, enfrentando mayores niveles de pobreza multidimensional en comparación con las que viven en la costa.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Perú está comprometida con el Estado a través de su Programa de País a contribuir con todas las personas con alguna discapacidad a que puedan superar toda limitante para el ejercicio de sus derechos con dignidad. Esa es la única senda que nos conducirá al cumplimiento de la Agenda 2030, un mundo con iguales oportunidades.
