LIMA, Perú - Para las sobrevivientes de violencia de género en la región peruana de Ayacucho, presentar una denuncia policial era una odisea. Además de lidiar con el impacto psicológico, las mujeres –muchas de las cuales viven en la pobreza y proceden del campo o de zonas urbanas marginales– tenían que acudir a varias oficinas para hacer el papeleo y esperar meses, incluso años, para que un juez ordenara protección policial. 

Las molestias causadas por la burocracia limitan severamente el número de mujeres que reclaman protección policial. Solo el 37 por ciento llamó a la policía para denunciar abusos, mientras el 54 por ciento prefirió buscar ayuda en familiares o amigos, según una encuesta de 2018. Estos son datos significativos en una región donde el mismo sondeo reveló que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia por parte de su pareja.

"La violencia de género aquí es un programa estructural, enraizado en la sociedad"; dijo Richard Sarmiento Quinta, un ex funcionario de la Municipalidad Provincial de Huamanga. "Nos dimos cuenta de que la única manera de responder a este problema era a través de un sistema integral que evite revictimizar a la víctima".

A finales de 2015, Perú aprobó una ley que por primera vez garantiza protección policial para los sobrevivientes de violencia de género. Pero no otorgó recursos para extender dicha protección a zonas alejadas.

Tras consultar a las comunidades locales, el sistema judicial y socios incluido el UNFPA, la Municipalidad Provincial de Huamanga (Ayacucho) dispuso la implementación de esta norma, ejecutando un sistema de respuesta con jueces de familia, policías y servicios sociolegales.

Bajo este marco, el Centro de Atención Socioemocional (CASE) en Huamanga fue implementado como una iniciativa provincial que articula las competencias de las instituciones responsables para procesar los casos de violencia, brindando cuidados multisectoriales y multidisciplinarios a las sobrevivientes de violencia de género.

Acción rápida

El CASE ofrece servicios de ayuda psicosocial y legal para mujeres sobrevivientes, en ese marco, cuenta con su propia Comisaría de Familia, Fiscalía y Juzgado de Familia, junto a una Defensoría Municipal del Niño y Adolescente. También cuenta con el Servicio de Atención Urgente que se desplaza para atender casos de violencia de género de alto riesgo y el Centro de Emergencia Mujer, que opera las 24 horas del día desde septiembre de 2019. 

Las sobrevivientes reciben asistencia de especialistas en psicología antes de ser entrevistadas por personal policial, instancia que envía la denuncia ante un juzgado de familia. Este último, revisa el caso y puede ordenar la protección policial el mismo día. 

El CASE ha procesado 653 casos de enero a agosto de 2019. Muchos de los casos son mujeres que se rehusaron a denunciar la violencia en el pasado porque dependían de sus parejas económicamente.

Pero las mujeres se animan cada vez más a buscar ayuda, especialmente tras conocer que la protección policial puede ampliarse a sus hijos.

"Antes de entrar en vigor la ley y el programa, estos casos tardaban meses, incluso años en ir a juicio", dijo César Villar, expresidente del Tribunal Supremo de Ayacucho. "Ahora tenemos la capacidad de llevar a cabo una audiencia en 24 horas". Funcionarios de los juzgados de familia, comisaría y personal del Centro Emergencia Mujer, trabajan juntos en el CASE. Aunque muchos radican en Huamanga, la capital regional, otros vienen de pueblos lejanos, ayudando así a difundir prácticas y perspectivas por Ayacucho.

“Justicia, protección y recuperación”

Para Carolina Vargas, coordinadora regional del Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, el CASE es un ejemplo para el país entero.

El centro, explicó, une en un mismo espacio a funcionarios que representan a los juzgados, la policía y los servicios socio-legales. Todos los sectores colaboran para dar a las víctimas acceso a "justicia, protección y recuperación".

Edwin Gómez, gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad Provincial de Huamanga, precisó que integrar todos los servicios en el mismo lugar es claramente "la forma más eficaz de ayudar a las sobrevivientes".

"Estamos dando servicios integrales y de calidad a las mujeres que vienen a solicitar protección, justicia y bienestar", dijo Melissa Bustamante, especialista en género y derechos humanos del UNFPA. En el Perú, el UNFPA está coordinando el Programa Conjunto de Servicios Esenciales para Mujeres y Niñas sometidas a violencia con apoyo del PNUD, la OMS y otros socios.

Richard Sarmiento también cree que el programa puede ser un modelo para el Perú. Le alegra ver como muchas mujeres han sido capaces no sólo de escapar de la violencia, sino también lograr justicia.

"Eso es lo que queremos, contribuir a una sociedad más justa".