Cada día, entre cinco y seis niñas menores de 15 años dan a luz en algún hospital del país y es sólo la punta del iceberg de un drama humano marcado por la violencia, refiere la alerta presentada por la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza (MCLCP), con el apoyo del UNFPA.

La publicación llama la atención sobre la persistencia del embarazo en adolescentes en el Perú. Es producto del seguimiento conjunto del Estado y la sociedad civil a este serio problema que amenaza las oportunidades de las adolescentes y limita el desarrollo del país.

“La lucha contra la pobreza y la discriminación contra las mujeres y las niñas tiene en la erradicación del embarazo en adolescentes uno de sus objetivos más importantes. Lograrlo pasa por reconocer y actuar para garantizar el derecho de cada mujer a acceder a la educación y la salud, a crecer libre de violencia y de situaciones que les impone una maternidad temprana”, resaltó Federico Arnillas, Presidente de la MCLCP, durante el evento de presentación.

En la misma línea, Elena Zúñiga, Representante del UNFPA en el Perú, resaltó que para reducir el embarazo en adolescentes es fundamental “garantizar los derechos sexuales y reproductivos de este sector de la población; fortalecer el desarrollo de sus capacidades; garantizar el acceso a la información, la educación y los servicios que requieren para ejercer sus derechos; formarlos con igualdad de género; y combatir la violencia”.

A continuación, Irma Ramos, Directora Ejecutiva de IMPPARES, enfatizó también la importancia de atender integralmente este problema y el deber de “propiciar y respetar los derechos de las y los adolescentes.

 Servicios diferenciados que hagan la diferencia

La atención de la salud sexual y reproductiva es clave para el desarrollo de la adolescencia y es un derecho humano que los Estados están obligados a garantizar. Para ello, contar con servicios diferenciados que brinden atención de calidad, con calidez, en horarios y ambientes adecuados para esta población y con personal calificado para responder a sus necesidades resulta fundamental.

Pese a los esfuerzos desplegados por el Estado peruano, los servicios diferenciados aún requieren fortalecer la capacitación de su personal para que puedan brindar una atención integral a los y las adolescentes, expresó Matilde Cobeña, Adjunta para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo.

“Los servicios de salud aún no tienen confidencialidad y privacidad que garantice que los y las adolescentes vayan a solicitar información y métodos anticonceptivos. Aún hay proveedores que exigen que acudan con sus padres. No todos reciben información adecuada sobre salud sexual y reproductiva, y métodos anticonceptivos cuando lo necesitan”, mencionó la funcionaria en referencia a los resultados de la supervisión defensorial realizada a 91 establecimientos de salud a nivel nacional, a cargo de la Defensoría del Pueblo, con el apoyo del UNFPA.

Intervenciones probadas, oportunas y culturalmente adecuadas

La situación de la Amazonía peruana requirió especial atención de parte de los y las panelistas, por ser donde se ubican las regiones con los porcentajes más alto de embarazos en adolescentes. Es el caso de Loreto (30.4%); Amazonas (23,8%), Ucayali (23,1%) y San Martín (20%).

Elena Ramos, Directora de Poblaciones Vulnerables, Desarrollo y Voluntariado del MIMP, reconoció la dimensión del problema del embarazo en adolescente como una expresión de la inequidad y falta de acceso para decidir libre e informadamente sobre la sexualidad y reproducción. Resaltó la necesidad de mirar las estadísticas y adecuar las intervenciones a los contextos donde se implementan, así como trabajar con el enfoque de masculinidades.

Debemos tener presente a las poblaciones nativas, pero también no hay que olvidarnos, de las adolescentes de zonas periurbanas y afroperuanas, expresó a su vez María del Carmen Calle, Viceministra de Salud Pública del MINSA. Comentó también sobre el trabajo que viene realizando su sector para enfrentar el embarazo en adolescentes con los gobiernos locales, así como la capacitación a médicos de hospitales.

“Para prevenir el embarazo en adolescentes, hay que recurrir a la combinación de intervenciones que funcionan, lo que incluye entregar métodos anticonceptivos con orientación y consejería a quienes sean sexualmente activas, implementar programas de habilidades para la vida con orientación vocacional y la educación sexual integral desde la niñez”, subrayó.

Complementariamente, las y los panelistas resaltaron la relevancia de la educación como un factor protector para prevenir la violencia y los embarazos tempranos, problemas que se acentúan más en aquellas poblaciones que no acceden a este derecho.

 “Una educación de calidad requiere una educación sexual integral, con docentes capacitados para brindarla. Ello implica un proceso de transformación personal para trabajar sobre situaciones de inequidad y violencia”, resaltó Alina Anglas, integrante del equipo de formación del colegio Fe y Alegría.

Finalmente, Margarita Agusto, adolescente integrante del Centro Juvenil Futuro, comentó que las charlas sobre sexualidad y prevención de embarazos temprano no llegan oportunamente cuando los y las adolescentes inician sus primeras relaciones de pareja, lo que los pone en riesgo. “Cumplir nuestras metas sería muy difícil si tenemos embarazos tempranos. Ahora, conozco mis derechos y cuando decida tener un enamorado, sabré como cuidarme y no permitiré que alguien más decida por mí”, recalcó.