Como médico y epidemiólogo, y como Directora Ejecutiva del UNFPA, la agencia de salud sexual y reproductiva de las Naciones Unidas que brinda servicios y atención en más de 130 países en todo el mundo, tengo una visión particular del mundo médico. Es claro que este desmantelamiento de los derechos sexuales y reproductivos no está sucediendo de manera aislada, ni es una cuestión de valores y cultura nacionales, como a menudo se presenta. La resistencia contra los derechos de las mujeres, los derechos reproductivos, los derechos LGBTQI+ y la educación integral sobre sexualidad es global. Los esfuerzos para salvaguardar nuestros logros ganados con esfuerzo también deben ser globales.
Informes recientes del UNFPA han resaltado cómo la creciente ansiedad en el mundo va acompañada de una creciente alarma por las tasas de fertilidad y el feminismo; cómo se ha estancado el progreso para reducir la mortalidad materna prevenible y, en muchas partes del mundo, las muertes maternas prevenibles en realidad están aumentando; y cómo el racismo y el sexismo estructurales han llevado a muertes maternas desproporcionadas entre mujeres y niñas negras en al menos nueve países y probablemente más.
Estas tendencias no son una coincidencia. Hace mucho tiempo que sabemos cómo evitar que las mujeres mueran durante y después del parto: aumentar el acceso a una variedad de métodos anticonceptivos de calidad, mejorar la educación integral sobre sexualidad para los jóvenes, proteger el derecho de las mujeres a decidir si, cuándo, con qué frecuencia y con quién tener hijos; y proporcionar atención de salud reproductiva de calidad para todos. Sin embargo, estas verdades básicas son disputadas en cada paso. La salud y los derechos reproductivos se siguen desplazando y descuidando continuamente, y en los peores casos se estigmatizan, difaman y criminalizan.
Vimos esa negligencia en la fase de confinamiento de la pandemia de COVID-19, cuando la planificación familiar fue uno de los servicios más interrumpidos a nivel mundial, incluso mientras aumentaba la incidencia de la violencia de género. Y lo vemos ahora en los esfuerzos por censurar la educación sexual integral. Pero la ignorancia no es inocencia, y con demasiada frecuencia es una sentencia de muerte. A nivel mundial, casi la mitad de todos los embarazos no son planificados, y el aborto inseguro es una de las principales causas de muerte materna. Muchas de los que mueren durante el parto ni siquiera son mujeres, son niñas. De hecho, casi un tercio de las mujeres en países de bajos y medianos ingresos se convirtieron en madres antes de ser adultas. Cada año, medio millón de estas niñas dan a luz cuando tienen solo entre 10 y 14 años, siendo niños en la escuela primaria o secundaria, si es que están en la escuela.
La oposición a la educación sexual integral no es nueva, pero su éxito sí lo es. La educación sexual integral, una vez consagrada en acuerdos internacionales como una herramienta probada para proteger la salud y los derechos de los jóvenes, está perdiendo apoyo en todo el mundo, incluso a los niveles más altos. Sin embargo, la educación sexual integral no se trata solo de anatomía; también se trata de derechos humanos y relaciones saludables, lecciones que son desesperadamente necesarias.
A nivel mundial, se estima que una de cada tres mujeres y niñas ha experimentado violencia, y el número real puede ser mucho mayor. Los datos muestran que casi una de cada cuatro mujeres en pareja no puede negarse al sexo. Las pruebas indican que las personas LGBTQI+ son aún más vulnerables que las personas heterosexuales a la violencia sexual.
Estos son hechos globales, pero también son profundamente personales, en cada país y en cada comunidad. Son historias de abortos inseguros que conducen a cuerpos mutilados y vidas perdidas. Son historias de niñas demasiado jóvenes para consentir tener relaciones sexuales, casadas o abusadas, o ambas cosas, embarazadas antes de que sus cuerpos y mentes estén preparados. Son historias de mujeres asesinadas por sus parejas. Son historias de personas LGBTQI+ perseguidas en sus propios hogares. Y si seguimos viéndolas como incidentes aislados, seguiremos sin ver el bosque por los árboles, y el bosque se está quemando.
Sabemos cómo extinguir el fuego. El primer paso es reconocer que el deterioro de la salud y los derechos sexuales y reproductivos no tiene nada que ver con los "valores familiares" o "comunitarios". De hecho, la reversión de estos derechos realmente perjudica a las familias y divide a las comunidades. A continuación, corrijamos las falsedades cuyo único propósito es avivar la indignación e insistamos en información de salud médicamente precisa en clínicas y escuelas. Debemos insistir en que todas las personas tengan seguridad y dignidad. Por encima de todo, reconozcamos que nuestros propios derechos están vinculados, de manera inextricable, a los derechos de los demás.
Artículo escrito por la Dra. Natalia Kanem, Directora Ejecutiva del UNFPA, para Context.
