El Perú cuenta hoy con criterios y estándares para evaluar el desempeño de los servicios, se ha avanzado en la capacitación de los proveedores de salud y la confidencialidad en los servicios está garantizada, mencionó María del Carmen Calle, Viceministra de Salud Pública, durante la presentación del informe defensorial.
No obstante, destacó que aún hay un camino que recorrer para lograr el acceso y la cobertura universal en salud sexual y reproductiva. “Se están actualizando las normas y los protocolos de consejería. Debemos priorizar salud sexual y reproductiva si queremos responder a las necesidades y expectativas de adolescentes. El personal de salud debe tener capacidades comunicacionales y manejar tecnología”, puntualizó.
El informe revela que el 47% (43) de los establecimientos supervisados atiende menos de 10 horas a la semana. 67% (61) del total no presenta información sobre la ruta que las y los adolescentes deben seguir para acceder al servicio y 36% (33) no cuenta con un plan de formación en salud sexual y salud reproductiva de adolescentes.
El estudio ha sido elaborado por la Defensoría del Pueblo, con la asistencia técnica y financiera de UNFPA, a partir de la supervisión realizada a 91 establecimientos de salud a nivel nacional que cuentan con servicios diferenciados para la atención integral a adolescentes en septiembre de 2017. Revela barreras y avances en la cobertura, disponibilidad, calidad, promoción y acceso a los servicios.
Servicios esenciales para prevenir ITS y embarazos en la adolescencia
De acuerdo a la ENDES 2017, 13 de cada 100 adolescentes de entre 15 y 19 años son madres o están embarazadas. Cada día 4 niñas menores de 15 años dan a luz, según la RENIEC. Esta preocupante situación pone de relieve la importancia de fortalecer los servicios de salud diferenciados para adolescentes.
“Es muy importante hacer más efectivo el acceso a salud sexual y reproductiva, anticoncepción moderna y consejería para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes y para prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos en la adolescencia”, remarcó Elena Zúñiga, Representante del UNFPA Perú durante la presentación de los resultados del informe.
“El Estado, a través de sus servicios, debe prestar atención a la salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes (…) El elevado número de embarazos en adolescentes sólo podrá revertirse con servicios de calidad que incluyan orientación, información e insumos anticonceptivos, y una educación sexual integral”, remarcó Eugenia Fernán Zegarra, Primera Adjunta de la Defensoría del Pueblo.
Restricciones a servicios de salud son discriminatorias
“Los sistemas de salud deben responder a las necesidades de jóvenes y adolescentes. El cumplimiento de las normas y protocolos en el nivel operativo, y el fortalecimiento de las competencias en los proveedores de salud son grandes desafíos en la región”, resaltó Virginia Camacho, Asesora Regional en Salud Sexual y Reproductiva para América Latina y El Caribe del UNFPA.
La actual Norma Técnica de Salud de Planificación Familiar precisa que las actividades de planificación familiar no constituyen tratamiento médico, por tanto, no se requiere la autorización de progenitores, tutores o representantes legales para que los y las adolescentes accedan a información, servicios y métodos anticonceptivos modernos. No obstante, en un 25% (23) de los servicios supervisados aún se exige el acompañamiento de los progenitores, medida que restringe el acceso a los y las adolescentes.
“Hay adultos que no quieren reconocer nuestros derechos sexuales y reproductivos. Que podamos enamorarnos, sin contagiarnos de ITS, sin embarazarnos. Necesitamos que los servicios nos brinden información confiable y que respeten nuestra confidencialidad”, enfatizó Marjorie Suarez, líder adolescente del Centro Juvenil Futuro.
La Defensoría del Pueblo recomendó implementar el Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, a través de la acción intersectorial e intergubernamental, así como revisar y actualizar la normativa sobre servicios de salud diferenciados para la atención integral a adolescentes, con el fin de garantizar que las y los adolescentes accedan a dichos servicios en el momento que los necesitan en todos los establecimientos de salud del país y que cuenten con personal capacitado.
