En vista a la urgente necesidad de reforzar la respuesta a la violencia basada en género, el Presidente del Perú, Martín Vizcarra, solicitó a los poderes del Estado articular esfuerzos para enfrentar la violencia contra la mujer y afirmó que el gobierno brindará el presupuesto necesario para resolver este problema. En 2017, solo el 36% de los sectores contó con un presupuesto destinado a las acciones del Plan Nacional contra la Violencia de Género, según la Defensoría del Pueblo.
Este llamado fue retomado en la última sesión de trabajo del Grupo de Trabajo Nacional de la Ley Nº 30364, plataforma de trabajo que tiene como mandato dirigir el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia en el marco de la mencionada ley, formulando lineamientos y evaluación respecto a su ejecución.
Durante la reunión, las instituciones públicas participantes socializaron avances y experiencias piloto para mejorar la atención a las víctimas de violencia de género. Se reconoció el aporte de intervenciones intersectoriales para mejorar la calidad de la respuesta estatal en instituciones como el Poder Judicial y el Ministerio de la Mujer. Los sectores destacaron el aporte del Programa Conjunto “Servicios Esenciales para la Atención de Mujeres y Niñas que sufren Violencia” al fortalecimiento del abordaje multsectorial en busca de la mejora de calidad y oportunidad para la atención de víctimas.
“Este programa se diseñó con las experiencias de muchos países. Ha permitido, del 2017 a la fecha, fortalecer el marco normativo en violencia basada en género y un enfoque multisectorial. El problema es multidimensional y requiere de la respuesta coordinada de distintos poderes”, comentó la Viceministra de la Mujer, Silvia Loli.
A su vez, la representante de UNPFA Perú, Elena Zúñiga, destacó la importancia de combatir la violencia basada en género para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). “Empoderar a las mujeres y niñas no solo es lo correcto, sino que es una medida acertada y esencial para poner fin a la pobreza y promover la prosperidad. Esta gran meta no será posible sin la inclusión de las mujeres y el mejoramiento en sus condiciones de vida, las mismas que muchas veces se ven afectadas por el impacto de la violencia basada en el género”, remarcó.
Innovando para integrar servicios de calidad para víctimas de violencia
Elvia Barrios, Presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, destacó la experiencia piloto del Módulo de Justicia Integrado de Villa El Salvador, implementada con la asistencia técnica del UNFPA como parte de las acciones del Programa Conjunto. El módulo ofrece responder con celeridad a la demanda, evitar la revictimización, ofrecer seguridad y facilitar el proceso de atención a la usuaria. “Contiene espacios como una Cámara Gesell, tópico, lactario, ludoteca, salas de espera, espacios para el trabajo especializado, entre otros beneficios.” señaló.
Se presentaron también experiencias de colaboración entre direcciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) e instituciones como la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio del Interior (MININTER), como un programa formativo con enfoque de género y justicia para la Escuela de la PNP, el proceso de validación del Protocolo Base de Acción Conjunta e Implementación de Cámara Gesell y los servicios brindados por los Centros de Emergencia Mujer en Comisarías.
Evidencias para mejorar la intervención conjunta
Desde la Adjuntía de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Diana Portales compartió los resultados de evaluación de la implementación del presupuesto intersectorial sobre el Plan Nacional contra la Violencia de Género (PNCVG) a marzo del 2018. “No existe una campaña comunicacional nacional, coordinada interinstitucionalmente, que incorpore los enfoques y las diversas formas de violencia establecidas en el PNCVG” agregó. .
Por último, Nelly Aedo, Jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, expuso las dificultades para garantizar el derecho a una vida libre de violencia de niñas y adolescentes indígenas. “La sanción impuesta por el operador no disuade al agresor de continuar con el comportamiento delictivo”, puntualizó. Asimismo, llamó la atención sobre la ausencia de recursos para cumplir con funciones investigadoras desde instancias como las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y las Direcciones Regionales de Educación (DRE), y la ausencia de reportes de casos de violencia sexual a fiscalías. Las principales recomendaciones se focalizaron en el desarrollo de capacidades del personal educativo en el tema, la articulación con organizaciones indígenas y con el trabajo con las asambleas comunales.
Articular esfuerzos para alcanzar los ODS
La reunión contó con la participación de funcionarios del Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo y de la Policía Nacional. Además, participaron colectivos de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Ni una Menos y CLADEM Perú; reafirmando la necesidad de articular esfuerzos más allá del las propias entidades estatales.
Los miembros del Grupo de Trabajo Nacional de la Ley Nº 30364 remarcaron un llamado al Ministerio de la Mujer para impulsar con presupuesto y articular esfuerzos con otros actores para cumplir los compromisos de la Agenda 2030, que prioriza entre sus metas la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. En este marco, se reconoció que el Programa Conjunto “Servicios Esenciales para Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia” permitió impulsar en el último año una labor estratégica, articulada y relevante para los sectores presentes en la reunión.
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre “Servicios Esenciales para Mujeres y Niñas Sometidas a Violencia” es implementado en el Perú por el UNFPA, PNUD y OPS en alianza con el Estado peruano.
Conoce aquí los resultados del primer año de implementación del Programa Conjunto de las Naciones Unidas de Servicios Esenciales para Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia.
