De acuerdo con la ENDES 2019, el 2.5% de las mujeres unidas entre 15 y 49 años ha sufrido violencia sexual de parte de sus parejas o ex parejas en los últimos 12 meses y 7.1 % alguna vez en su vida. En la misma línea, el Programa Aurora del MIMP en el 2019 reportó 18, 044 casos de violencia sexual, de los cuales 7881 casos fueron violaciones sexuales, siendo el grupo más afectado el de los niños niñas y adolescentes (65.2%) y personas adultas (33.9%)
La violencia de género es un asunto de derechos humanos, de salud pública y una de las más frecuentes formas de discriminación, que afecta el ejercicio de los derechos de las mujeres e impacta gravemente el desarrollo de su proyecto de vida. Particularmente, la violencia sexual se presenta como una de las formas más extremas de violencia de género, afectando seriamente la salud mental, salud sexual y reproductiva y salud física de las mujeres.
De conformidad con el Consenso de Montevideo, la violencia sexual constituye un indicador crítico de desigualdad y discriminación de género contra las mujeres, que tiene implicaciones en la autonomía, la autodeterminación, la salud individual y colectiva y el ejercicio de los derechos humanos.
Se requiere, por tanto, fortalecer la respuesta sanitaria frente a la violencia sexual, asegurando que las intervenciones en el sector salud logren, por lo menos, cuatro objetivos: 1. recuperar la salud de las mujeres, 2. obtener y conservar prueba de los hechos de violencia, 3. garantizar que la gestión del caso se desarrolle colocando las necesidades y derechos de las sobrevivientes de violencia al centro de la atención, asegurando un trato digno, empático y basado en el respeto de sus derechos y 4. asegurar la referencia y articulación con servicios de justicia y protección.
Con el propósito de estandarizar el manejo de los casos de violencia sexual en los servicios de salud y de brindar al personal de salud a nivel nacional un material amigable sobre las intervenciones esenciales que debe realizar en el marco de la gestión de los casos de la violencia, el Fondo de Población de las Naciones Unidas en Perú (UNFPA-Perú) brindó asistencia técnica y financiera al Ministerio de Salud (MINSA) para la elaboración de la Norma Técnica de Salud para el Cuidado Integral a Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar Afectados por Violencia Sexual.
La referida norma técnica y su versión amigable, establecen los procedimientos e intervenciones que el personal de salud deber realizar en las primeras 72 horas de ocurrido el hecho de violencia; así como en el período posterior a éste, a fin de asegurar atención de calidad para las sobrevivientes de violencia. Los elementos esenciales de esta intervención incluyen, por lo menos, la provisión del kit de emergencia, la evaluación y tratamiento de la salud sexual y reproductiva y salud mental de la sobreviviente, brindar pautas para obtener, conservar y documentar medios probatorios y establecer los procedimientos para la actuación intersectorial oportuna en el marco de los protocolos de actuación vigentes.
A través de la aprobación de la referida Norma Técnica y de su versión amigable, el UNFPA y el MINSA unen esfuerzos para seguir fortaleciendo la atención de los casos de violencia, desde los enfoques de género, derechos humanos y multisectorial. Tal como ha mencionado la señora Natalia Kanem, Directora Ejecutiva del UNFPA, en el marco del 25 de Noviembre, es necesario exigir la eliminación de todas las formas de discriminación, no más violencia e impunidad. La pandemia por Covid-19, ha puesto de manifiesto que debemos pensar y actuar de manera diferente, NO MÁS Violencia de Género, es una frase que debe representar la primera prioridad, una simple expresión que puede transformar nuestro mundo”.
