La violencia sexual contra niñas y adolescentes en el ámbito escolar es un problema aún poco conocido, pues en muchos casos no se hacen las denuncias. En el Perú se denuncian en promedio 10 casos de violación a niñas de entre 7 y 17 años de edad cada día, según registros de la Policía Nacional. 6 de cada 10 denuncias por violación son casos de niñas de este grupo de edad. Entre la población más pobre y marginalizada, como son los pueblos indígenas y comunidades rurales, este problema es aún más grave.

En la provincia de Condorcanqui, en el departamento de Amazonas, la Comisión de Procesos Administrativos de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) inició 84 procesos por casos de violencia sexual cometidos por profesores y personal administrativos contra menores de edad, en su mayoría mujeres, entre 2014 y 2015. En 2015, 483 adolescentes de 12 a 17 años del departamento de Amazonas fueron madres: más del 8% del total de nacimientos de ese año.

La investigación “Desenrollando la madeja de la impunidad”, desarrollada por el Ministerio de Educación con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), muestra la magnitud de la violencia sexual en dicha comunidad Awajun y los obstáculos para la atención de la víctima desde la escuela y otras instituciones.

“Además de la gravísima afectación a la salud física y mental de las víctimas, existe una estrecha y lamentable relación entre violencia sexual, embarazo adolescente y deserción escolar, lo que sin duda tiene impactantes consecuencias en el proyecto de vida y el desarrollo integral de las adolescentes”, comentó Elena Zúñiga, Representante del UNFPA en el Perú durante la presentación del estudio.

En la provincia de Condorcanqui, 15 de cada 100 nacimientos son de madres adolescentes, el triple del promedio nacional. Esta situación se relaciona con altos índices de violencia sexual.

“Ante las crecientes denuncias por violencia sexual en escuelas rurales decidimos iniciar una investigación con todos los actores involucrados para encontrar información verídica que nos ayude a plantear una respuesta (…) El estudio permite tomar decisiones y mejorar las políticas y acciones en el territorio, así como la manera en que las escuelas deben atender las necesidades de los niños, niñas y adolescentes”, resaltó Elena Burga, Directora General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural del Ministerio de Educación.

Trabajo articulado y participativo para mejorar el acceso a la justicia

Frente a este problema, el acceso a la justicia y los procesos de recuperación de las víctimas no se están logrando, según indica Rodrigo Lazo, investigador principal del estudio. “Las comunidades se han visto en la necesidad de generar sus propios procesos de justicia porque no tienen una alternativa eficiente y segura (…) Existe una gran necesidad de que los actores responsables de impartir justicia y protección trabajen juntos”, resaltó.

Por otro lado, Raquel Caicat, lideresa awajún y presidenta del Consejo Aguaruna Huambisa compartió la preocupación de su comunidad por los casos de violencia sexual. “Se debe trabajar de manera coordinada con los representantes de la comunidad para poder resolverlo”, mencionó.

La presentación del estudio “Desenrollando la madeja de la impunidad” forma parte de las actividades el Programa Conjunto de las Naciones Unidas “Servicios esenciales para la Atención de las mujeres y niñas que han sufrido violencia”.

Para mayor información, descarga el tríptico con las principales características del problema y las recomendaciones del MINEDU y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas “Servicios esenciales para la Atención de las mujeres y niñas que han sufrido violencia”.