Ya sea que encaremos un auge o un desplome de los nacimientos, la solución reside en priorizar los derechos y la salud en materia reproductiva de todas las personas

La pandemia por la COVID-19 ha puesto en relieve la debilidad de los sistemas de atención de la salud en todo el mundo, y ha provocado deficiencias y desafíos graves en materia de información y prestación de servicios de salud sexual y reproductiva. Asimismo, la reasignación de recursos previamente destinados a estos servicios está perjudicando seriamente la salud de las mujeres y las niñas.

Al mismo tiempo, la COVID-19 ha agravado las desigualdades y la violencia basada en género y, como consecuencia, se ha producido un aumento en la incidencia de la violencia durante los períodos de confinamiento. La pandemia no ha detenido la violencia. Más bien, la puede haber acentuado.

Las mujeres y las niñas han sufrido los efectos económicos de la pandemia, dado que, por lo general, ganan menos, tienen empleos más precarios y afrontan un riesgo mayor de perder sus medios de subsistencia o de caer en la pobreza. Las mujeres también hicieron frente a una mayor carga de cuidados no remunerados, lo que para muchas ha representado una exclusión total de la fuerza de trabajo.

En este contexto, muchas personas manifiestan una preocupación por los cambios en las tasas de fecundidad, que parecen estar acelerándose en algunos lugares como consecuencia de la pandemia. De acuerdo con la experiencia previa, el alarmismo ante unas tasas de fecundidad bajas provoca cambios en la responsabilidad de las mujeres —aun sin contar con los desafíos sociales y económicos más amplios que dificultan que las personas tengan el número de hijos que desean—, y en algunos casos ha dado pie a medidas regresivas, como la reducción del acceso al aborto legal o las restricciones en el uso de métodos anticonceptivos. En algunos lugares donde la población está aumentando, se ha respondido con políticas nocivas orientadas a reducir las tasas de fecundidad que incluían prácticas coercitivas de esterilización y planificación familiar.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) advierte contra una actitud alarmista respecto al efecto de la pandemia mundial en las tasas de fecundidad y la población de los países. Las respuestas normativas alarmistas pueden causar un daño extremo si socavan la salud, los derechos y la libertad de decisión de las personas.

El UNFPA insta a responder a los cambios demográficos y en materia de fecundidad mediante la priorización de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, entre otras formas, mediante el acceso a la información y los servicios de salud sexual y reproductiva.

• Incluso antes de la pandemia, solo el 55% de las mujeres —de los países en que se dispone de datos— indicaban que podían tomar sus propias decisiones sobre el acceso a la atención de la salud, el uso de anticonceptivos o las relaciones sexuales con su pareja.
• Durante la pandemia, se han agravado las interrupciones en los servicios de salud sexual y reproductiva en lugares donde estos servicios no se consideran esenciales. Existe el temor de que algunas personas o encargados de la formulación de políticas utilicen la crisis provocada por la pandemia como excusa para restringir o eliminar el apoyo al poder de decisión de las mujeres y las niñas, su capacidad de influencia, su libertad de circulación o su acceso a los servicios de salud, y, de manera más general, impedir que las personas ejerzan sus derechos en materia de salud sexual y reproductiva.
• Es preciso que los sistemas de salud reciban el apoyo necesario para prestar servicios de salud sexual y reproductiva durante períodos de crisis; a tal efecto, entre otras cosas, estos servicios se han de clasificar como trabajo esencial. Se debe empoderar a las mujeres en los ámbitos educativo, económico y político con el fin de que ejerzan sin impedimentos la libertad de decisión sobre sus propios cuerpos y su reproducción.
• Además, según demuestra la experiencia del UNFPA, las respuestas centradas exclusivamente en la fecundidad no suelen funcionar. Por ejemplo, los incentivos financieros a la fecundidad no dan pie a tasas de natalidad más altas sostenidas en los países que registran tasas bajas. Por el contrario, los cambios demográficos pueden brindar numerosas oportunidades y deben plantearse de manera integral; por ejemplo, a través de sistemas bien diseñados de apoyo familiar y cuidado de los niños, junto con medidas que garanticen niveles más altos de igualdad de género.
• Se debe hacer frente a las deficiencias informativas fundamentales que limitan nuestra comprensión actual de la repercusión de la COVID-19 en materia de fecundidad. Es necesario contar con información exacta y puntual sobre los nacimientos y las muertes que permita a los países entender sus cambios demográficos.

Situación en el Perú

• El Perú es uno de los países de la región con menor proporción de uso de métodos anticonceptivos modernos (55% versus 66%, y versus 78% en el caso de países de la región con niveles similares de ingreso). Hay mucho menor uso entre mujeres auto-identificadas como indígenas (46.3%) y mujeres de menor nivel de educación (36.5%). Solo la mitad de las adolescentes y una cuarta parte de las mujeres del área rural usaron un condón en su iniciación sexual.
• Las necesidades insatisfechas de planificación familiar han decrecido en lo que va del siglo, especialmente entre mujeres unidas. En el caso de las adolescentes de 15 a 19 años, la proporción de necesidades insatisfechas casi triplica el promedio nacional.
• En el contexto de la COVID-19, ha habido un incremento de 45.7% en el número de muertes maternas en 2020 con relación a 2019, y la proyección de un aumento adicional de 65% en 2021, es equivalente a un retroceso de 16 años.

Las normas de género, sociales y culturales discriminatorias en el país limitan de manera significativa el ejercicio de la autonomía corporal, y alimentan la violencia basada en género y las prácticas nocivas:

• Cerca de 20% de las mujeres unidas en edad reproductiva no tienen la palabra final sobre las decisiones de planificación familiar.
• Más de la mitad de los embarazos ocurridos en los últimos 5 años fueron no deseados, proporción que se incrementa a dos tercios en el caso del embarazo en adolescencia.
• Los embarazos y la maternidad adolescente, cuyo costo socioeconómico fue equivalente a US$ 460 millones en 2019, están asociados con matrimonios infantiles y uniones tempranas. Las uniones tempranas y forzadas afectan a 6.7% de las adolescentes que tienen entre 15 y 19 años, a cerca de 20% de las mujeres jóvenes entre 20 y 24 años, y a 50% de quienes habitan en la Amazonía del país.
• En el 2020, el 54,8% de mujeres fueron víctimas de violencia ejercida alguna vez por el esposo o compañero.

Colocar en el centro del desarrollo los problemas de la población es la principal misión del UNFPA. La pandemia ha traído muchos retos, pero también representa una oportunidad única para replantear nuestro andar como sociedad y trabajar conjuntamente en el ejercicio de los derechos, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos, sin dejar a nadie atrás.