Las personas con discapacidad representan el 10.4% de la población nacional. De este total, el 56.72% son mujeres. Este grupo en el que convergen de manera interseccional la variable de discapacidad y género enfrenta graves episodios de violencia. En lo que va del año, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reporta que los Centros de Emergencia Mujer (CEM) ha atendido 1608 casos de personas con discapacidad a nivel nacional. De este total, el 68.7% de casos tienen como víctimas de la violencia a mujeres, mientras que el 41.1% de estos son casos donde el nivel de riesgo es severo. Estas cifras son consistentes con las recopiladas en años previos.

Pero el problema de la violencia contra mujeres con discapacidad no se limita solo a la ocurrencia de estos episodios. Por el contrario, en el tránsito para la denuncia y sanción de estos hechos, las mujeres con discapacidad enfrentan una serie de barreras legales, institucionales y actitudinales por parte de las instituciones encargadas de administrar justica y otorgar servicios de protección y asistencia. Para contribuir a eliminar estas barreras, en el 2021, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en alianza con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), elaboró el Manual con orientaciones técnicas para  el adecuado procesamiento de casos de violencia de género en población con discapacidad, con el propósito de brindar a funcionarios/as públicos, orientaciones para la denuncia y procesamiento de los casos  de violencia basada en género en personas con discapacidad. Dicho manual fue el resultado de la revisión de las cifras sobre el estado y alcance de la violencia en personas con discapacidad, la integración de los elementos del enfoque de discapacidad que deben ser parte estructural de la política de acceso a la justicia frente a la violencia de género, la revisión de normas, directivas y protocolos que operativizan la respuesta publica frente a la violencia de género.

Dada la necesidad de un abordaje integral e interinstitucional para implementar medidas para eliminar estas barreras, en el 2024 UNFPA ha visto por pertinente elaborar un Plan de Acción para abordar las brechas en los servicios esenciales de justicia, protección y salud. Este documento tendrá como objetivo identificar las barreras de acceso y permanencia en la ruta de atención de casos de VBG y, a partir de ello, proponer pautas concretas a actores clave, tomadores de decisión y operadores de los servicios.

Aunque este plan de acción recogerá el trabajo llevado a cabo en el 2021 para la elaboración del manual, resultaba fundamental que el proceso fuera llevado de forma participativa. Para ello UNFPA viene llevado a cabo una serie de talleres denominados “Asegurando el Derecho a una vida libre de violencia de las mujeres con discapacidad: Identificando barreras y proponiendo soluciones desde nuestras experiencias”. Dichos talleres convocan, en espacio diferenciados, a mujeres con discapacidad y organizaciones de personas con discapacidad, así como con funcionarios/as vinculados a las instituciones que hacen parte de la ruta del VBG, en las regiones de Lima, Ayacucho y Piura. Dichos talleres tienen como finalidad complementar la identificación de barreras llevada a cabo en el 2021, comprender sus causas e identificar medidas intersectoriales para la eliminación de las mismas.

A la fecha se han llevado a cabo talleres en Lima y Piura. En Lima se llevó a cabo el taller con sociedad civil el 23 de mayo, en coordinación con la Mesa de Discapacidad de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, mientras que el taller con funcionarios/as público se realizó el 24 de mayo. De manera más reciente, el 15 y 16 de junio se llevaron a cabo en Piura los talleres con sociedad civil y funcionarios/as públicos, respectivamente. Próximamente, se llevará a cabo un ejercicio similar en Ayacucho.

A partir de lo conversado en dichos talleres se han podido identificar problemáticas ocultas cuando mujeres con discapacidad van a realizar una denuncia por violencia, cuando requieren acceder a una casa refugio o cuando transitan por un proceso penal. Estos hallazgos, complementados con medidas sugeridas por especialistas en la materia que vienen siendo entrevistados, permitirán diseñar el Plan de Acción que será puesto a disposición del Estado Peruano para su apropiación y operativización.