La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), ONU Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) expresan su profunda preocupación por un nuevo caso de vulneración a los derechos de una niña de 11 años, bajo el pseudónimo de Mila, quien desde los siete años ha sido violentada sexualmente por su padrastro y que a la fecha tiene 17 semanas de gestación.

La Unidad de Protección Especial de Loreto del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) solicitó al Hospital Regional de Loreto el acceso de la niña al procedimiento de aborto terapéutico, pero la solicitud ha sido negada por una junta médica.

En un caso similar de negación de acceso al aborto terapéutico en embarazo por abuso sexual, conocido como el caso “Camila”, el 13 junio de 2023 el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CDN) determinó que Perú había violado los derechos a la salud y a la vida de una niña indígena y rural de 13 años, víctima de violación, al no proporcionarle información ni acceso al aborto legal y seguro. El CDN señaló que “en el caso de niñas embarazadas, debe valorarse la afectación especial y diferenciada de la salud física y mental que supone el embarazo en la niñez”. También enfatizó que el embarazo conlleva para la vida de las niñas un riesgo particularmente importante y una afectación potencialmente grave en su desarrollo y proyecto de vida.

Además en el 2005 (Caso K,L) y en el 2011 (Caso L.C), el Comité de Derechos Humanos y el Comité CEDAW, y más tarde en 2013 el Comité contra la Tortura han exhortado al Estado peruano a adoptar medidas para asegurar el acceso a recurso efectivo en estos casos y evitar que situaciones de vulneración de derechos de niñas y adolescentes, como Camila y Mila se repitan por constituir violencia por razones de género y constituir un acto de tortura, o trato cruel, inhumano y degradante. El derecho humano de las mujeres a vivir sin violencia está consagrado en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).

Para garantizar el derecho a la salud, incluidos los derechos sexuales y reproductivos y a la vida de la niña desde un enfoque integral y en el marco del principio del interés superior del niño, instamos a las autoridades correspondientes reconsiderar la decisión de negarle el acceso al aborto terapéutico y garantizarle a Mila, y a todas las niñas y adolescentes embarazadas víctimas de violencia sexual este derecho —con procedimientos seguros y pertinentes a su edad— y dentro de las 22 semanas de gestación que establece el protocolo de este procedimiento médico.

Pedimos al Estado que, a través de los sectores correspondientes les asegure el acceso a servicios de salud física, acompañamiento en salud mental, y cuidado en un espacio familiar que les permita restituir sus derechos a la educación y a una vida libre de violencia para que puedan tener un desarrollo integral.

Igualmente, invocamos a adoptar las medidas dictadas por el CDN en el dictamen del caso “Camila”, haciendo uso de todos los mecanismos que estén a su alcance para evitar que haya situaciones de violaciones de derechos humanos en casos similares en el futuro. Recordamos a las autoridades y a la opinión pública que la maternidad forzada derivada de una violación sexual en niñas y adolescentes no es voluntaria, no es segura, y atenta contra la salud integral.

Las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas firmantes reconocemos las acciones de seguimiento del caso por parte del MIMP y reiteramos nuestro compromiso de acompañar al Estado peruano en la construcción de un país en el que niñas, niños y adolescentes puedan crecer libres de violencia, con pleno acceso a la justicia y en la igualdad de derechos.

Lima, 8 de agosto del 2023