Las regiones de Tumbes, Piura y Lambayeque han sufrido un impacto devastador debido a las intensas lluvias e inundaciones provocadas por el Ciclón Yaku y el Fenómeno El Niño Costero. Estos eventos han afectado las vidas de las personas –particularmente mujeres y adolescentes–, sus medios de subsistencia, la infraestructura y los servicios públicos. Según los informes de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (UN OCHA), hasta mayo se estima que 682,467 personas necesitan asistencia humanitaria de manera urgente. Entre ellas, se reportan 96,322 personas desplazadas y 586,145 afectadas. Además, se han registrado 36,298 viviendas destruidas o inhabitables.

El impacto de la crisis climática en las regiones del norte peruano ha revelado la importancia de asegurar medidas de prevención de la violencia basada en género (VBG) y garantizar el acceso de las sobrevivientes a servicios integrales, de calidad y oportunos que permitan recuperar su salud –incluida la salud sexual y reproductiva (SSR)– e iniciar el camino para la restitución de sus derechos. 

Una lideresa se enfrenta a la violencia y a la adversidad

En medio de los estragos que han dejado las inundaciones, María Mercedes se dirige cada mañana al asentamiento humano La Molina II, en el distrito de Veintiséis de Octubre, a bordo de un autobús de transporte público. Desde uno de los albergues implementados, varios niños y niñas corren hacia ella con entusiasmo, seguidos de cerca por sus madres, muchas de las cuales han tenido que enfrentar situaciones de violencia durante la crisis climática.

María Mercedes Albán, además de ser una lideresa social en su comunidad, administra un albergue y trabaja incansablemente para transformar las vidas de las mujeres que han llegado hasta ahí buscando refugio ante la violencia que campea en sus localidades luego de quedar desprotegidas o sin un lugar dónde vivir debido a la destrucción ocasionada por las violentas inundaciones (huaicos) y las lluvias torrenciales registradas entre enero y abril de este año.

Según el Ministerio Público, hasta abril de este año se han registrado cerca de tres mil denuncias de violencia contra la mujer en Piura. Cabe indicar que, según estadísticas del Ministerio de la Mujer, el 70 por ciento de los casos de violencia contra la mujer no llegan a ser denunciados ante las autoridades. 

A pesar de la falta de recursos para ayudar a las sobrevivientes, María Mercedes ha acogido a varias de ellas en su propia casa, brindándoles apoyo hasta que puedan volver a valerse por sí mismas. Sin embargo, también ha experimentado el otro lado de esta realidad. A pesar de brindar confianza y compañía a las víctimas, no siempre logra liberarlas del acoso y la hostilidad de sus agresores.

"Como lideresa, me ha sucedido ir a la comisaría, presentar denuncias y presenciar que cambien nuevamente su forma de pensar. Esto sucede porque no hay alguien que les brinde el apoyo y la seguridad de que no están solas", afirma.

Para María Mercedes, no poder ayudar tanto como desearía es una frustración que lleva consigo. Sin embargo, está convencida que no dejaría de acompañar a ninguna mujer que busque su apoyo para erradicar la violencia de su vida.

Reconoce que es doloroso presenciar los estragos de la violencia, ya que sabe que no se trata solo de los golpes, sino también de la confianza depositada en alguien que no supo valorarla. "Me complace ver que existan organizaciones como el Fondo de Población de las Naciones Unidas que están plenamente comprometidas con las realidades que enfrentamos las mujeres a diario. A través de talleres organizados y asistencia psicológica y legal, brindan un valioso apoyo en nuestro camino", destaca María Mercedes. La historia de María Mercedes es un ejemplo de liderazgo y sororidad, en la que una mujer dedica su vida y realiza sus mejores esfuerzos para cambiar vidas y luchar por el bienestar y los derechos de todas las mujeres.

Fondos CERF para salvar vidas y no dejar a nadie atrás

El UNFPA en Perú ha obtenido financiamiento del Fondo Central de Respuesta a Emergencias de las Naciones Unidas (CERF) para garantizar servicios de SSR y de protección para las mujeres, adolescentes y niñas afectadas por las inundaciones en el norte del país.

Este proyecto desplegarán cinco brigadas móviles conformadas por profesionales del derecho, psicología y trabajo social con el propósito de gestionar casos de VBG, se instalarán tres espacios seguros como puerta de entrada para la prevención de la violencia y la sensibilización de la comunidad, se entregarán 5,000 kits de dignidad a mujeres y adolescentes para avanzar en su empoderamiento y su higiene menstrual. En el ámbito institucional, 50 actores clave de las zonas de intervención serán capacitados en estándares mínimos para la atención de la VBG en emergencia.

Asimismo, se fortalecerá la atención primaria, el seguimiento de embarazos y el acceso a servicios de planificación familiar a través de kits de salud sexual y reproductiva en establecimientos de salud.