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Asegurando servicios multisectoriales a mujeres migrantes y refugiadas en la prevención y atención de la violencia de género en el contexto de emergencia por COVID-19

 

 

Perú es el segundo destino de personas refugiadas y migrantes venezolanas a nivel mundial. Datos oficiales reportan 861,698 personas de Venezuela viviendo en el país a finales de 2019 (Superintendencia
Nacional de Migraciones), de las cuales 617,000 han sido identificadas en situación de vulnerabilidad socioeconómica y sin acceso a servicios sociales básicos.

Las niñas, adolescentes y mujeres de este grupo poblacional están en particular riesgo de ser víctimas de violencia, ya sea por desconocer que tienen derecho a ser atendidas en los servicios de protección, el
temor a acudir a instituciones del estado por su condición migratoria, la falta de redes de apoyo social, sus limitadas oportunidades económicas o el temor a la discriminación.

Durante el estado de emergencia por el COVID-19, la violencia contra mujeres migrantes y refugiadas no se ha detenido. En este año, el Programa Aurora ha reportado 1019 casos de personas extranjeras atendidas en los Centros Emergencia Mujer-CEM. La forma de violencia más recurrente fue la física (48.4%) y la psicológica (39.2%). Asimismo, se han reportado 72 casos de violación sexual a mujeres de nacionalidad extranjera (Fuente: Portal estadístico del Programa Aurora. Octubre del 2020).

En este contexto, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en el marco de las prioridades estratégicas previstas en el Plan Global de Respuesta al COVID 19, ha continuado asegurando servicios multisectoriales que salvan vidas, dirigidos a las sobrevivientes de violencia basada en género migrantes y refugiadas. Las intervenciones centradas en Lambayeque, Tumbes, Piura y San Juan de Lurigancho (Lima) han sido las siguientes:

● Atención remota a sobrevivientes de violencia basada en género (VBG): la intervención se centra en brindar apoyo psicosocial y sociolegal, a través de teléfonos y chat, sobre la ruta de atención para casos de
VBG a población migrante y refugiada, así como a la población de sus comunidades de acogida. Estos servicios se prestan a través de nuestro socio implementador, la ONG Flora Tristán.

● En coordinación con el Ministerio de Salud, se ha hecho una donación de Equipos de Protección Personal (EPP) para asegurar condiciones de bioseguridad en el manejo clínico de los casos de violación sexual, que incluye la provisión del kit de emergencia (Anticoncepción Oral de Emergencia, entre otros).

● En la línea comunicacional, se están difundiendo mensajes en radios comunitarias y emisoras comerciales sobre prevención de violencia basada en género y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.

● Se han fortalecido las capacidades de coordinación multisectorial de 80 operadores de los servicios de protección frente a la VBG en Piura y Lambayeque, en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Salud.

● El UNFPA, como integrante del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes Venezolanos (GTRM) en Perú, lidera el Área de Trabajo de VBG y está brindando asistencia técnica en la elaboración de los Procedimientos operativos estándar (SOP) para la atención de las sobrevivientes de VBG refugiadas y migrantes, importante herramienta que añade eficacia a las rutas existentes en el país.

De manera complementaria, se están distribuyendo 3,300 kits de higiene (Dignity Kits), para apoyar el autocuidado e higiene personal de las adolescentes y mujeres refugiadas, migrantes y de sus comunidades de acogida, iniciativa que ha demostrado tener un impacto directo en el empoderamiento, autonomía y movilidad, favoreciendo sus posibilidades de participar en actividades económicas y comunitarias.

De esta manera, el UNFPA Perú, teniendo en cuenta que la emergencia sanitaria por COVID-19 tiene un impacto diferenciado en mujeres y niñas, ha continuado realizando intervenciones desde un enfoque multisectorial, de género, interseccional y centrado en las necesidades de las sobrevivientes, y siempre en articulación con actores claves con competencia en la prevención y atención de la VBG, organizaciones humanitarias e instituciones de la sociedad civil, contribuyendo a que nadie se quede atrás.