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La violencia de género es un asunto de derechos humanos, salud pública y una de las más frecuentes formas de discriminación que tienen que enfrentar las mujeres, adolescentes y niñas. Sobre todo, para aquellas que se encuentran en especial situación de vulneración, como las mujeres, adolescentes y niñas con discapacidad.
De acuerdo con un estudio del INEI, el 41,7% de mujeres con discapacidad y el 57,8% de aquellas sin discapacidad, han sido víctimas alguna vez de actos violentos por parte de su esposo o compañero. Por área residencia, se encuentra que el 73,1% de las mujeres con discapacidad residentes en el área rural son afectadas por la violencia ejercida por el esposo o compañero, mayor en 36,0 puntos porcentuales respecto a las residentes en el área urbana (37,1%)
Al respecto, resulta importante señalar que estas cifras son solo la punta del iceberg, pues un significativo número de casos de violencia contra mujeres con discapacidad no logra ser denunciado, dejando a víctimas en situación de defensión y al agresor en la impunidad. En efecto, las mujeres con discapacidad tienen que enfrentar un conjunto de barreras que limitan sus posibilidades de acceder al sistema de justicia para lograr protección y prevenir otros actos de violencia.
Estas barreras pueden ser económicas, en el transporte (muchas personas con discapacidad deben desplazarse en transporte particular o taxis, incurriendo en mayores gastos de movilidad), y físicas (si los Centros de Emergencia Mujer – CEM, las comisarías o cualquier otra institución se encuentra ubicada en un segundo piso sin ascensor, o hay que subir algunas escaleras para acceder). Además, si no se provee interpretación en Lengua de Señas Peruanas, no será posible que una persona sorda comunique su denuncia. También puede tratarse de barreras actitudinales, relacionadas con los prejuicios y estereotipos que suelen presentarse respecto del colectivo de personas con discapacidad y que incluso pueden llegar a deslegitimar su denuncia y colocarlas en situación de indefensión.
La violencia hacia las personas con discapacidad, de manera general, y la violencia basada en género hacia este colectivo, en particular, no han sido suficientemente estudiadas. Esta invisibilización está acompañada de una ausencia de información estadística que ha determinado la falta de programas, políticas y estrategias especialmente diseñadas para asegurar el derecho a una vida libre de violencia, la autonomía corporal y los derechos reproductivos de mujeres, adolescentes y niñas con discapacidad. Por ello, el UNFPA y el MIMP consideraron pertinente desarrollar el primer Manual con Orientaciones Técnicas para el adecuado procesamiento de casos de violencia de género en población con discapacidad.
Dicho manual es el resultado de la revisión de las cifras sobre el estado y alcance de la violencia en personas con discapacidad, la integración de los elementos del enfoque de discapacidad que deben ser parte estructural de la política de acceso a la justicia frente a la violencia de género, la revisión de normas, directivas y protocolos que operativizan la respuesta publica frente a la violencia de género; y a partir de ello, plantear orientaciones técnicas para asegurar el adecuado abordaje de la violencia en personas con discapacidad a fin de asegurarles protección y justicia
Adoptar un enfoque de discapacidad en las políticas de protección de la violencia implica no solo prestar atención a las pautas de atención directa a las personas con discapacidad, sino también adaptar las instalaciones y procesos, y prestar atención a las formas específicas de violencia que podrían generarse en el colectivo de personas con discapacidad desde una perspectiva interseccional. Pero, supone fundamentalmente, derribar estereotipos sobre las personas, particularmente las mujeres, con discapacidad, que limitan su acceso a la justicia y protección; así como redoblar los esfuerzos orientados a asegurarles autonomía corporal y la real vigencia de sus derechos, erradicando toda forma de violencia y discriminación hacia ellas. El presente manual busca aportar en este sentido para no dejar a ninguna mujer con discapacidad atrás.
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[1] INEI.“Perú: Caracterización de las condiciones de vida de la población con discapacidad, 2019”. Lima, INEI. Marzo del 2021. p.14..