Pese a progresos recientes, Informe sobre Derecho a la Salud Materna revela:
Regiones con altas tasas de mortalidad materna enfrentan serios desafíos para asegurar la calidad en la atención de la salud materna

El Perú se encuentra entre los cinco países de América Latina y El Caribe que más ha avanzado en términos de reducción de mortalidad materna en los últimos años (UNFPA, UNICEF y OPS 2015). Sin embargo, el sistema de salud pública aún enfrenta serios desafíos para asegurar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

La Defensoría del Pueblo, con la asistencia del UNFPA, presentó el informe defensorial “Derecho a la Salud Materna”. La publicación es producto de la evaluación del funcionamiento de los servicios de ginecobstetricia en 18 establecimientos de salud en Arequipa, Junín, Lima, Piura y Puno- regiones que presentan una alta tasa de mortalidad materna.

Entre los resultados revelados, resaltan los siguientes:

• Los establecimientos de salud estudiados no cumplen con el 90% de los indicadores de calidad de funciones obstétricas.

• Persiste el maltrato a las usuarias por parte de los proveedores de salud (violencia obstétrica).

• Los hospitales supervisados carecen de servicios adecuados a las costumbres y necesidades culturales de la población (como casas de espera donde las personas que viven en zonas alejadas puedan esperar el parto y salas para parto vertical) y de capacitación del personal de salud para proveerlos.

• Existen limitados recursos de personal, infraestructura y medicamentos.

Recomendaciones para mejorar la salud materna

En vista a esta situación, la Defensoría del Pueblo ha priorizado la salud de las personas y la defensa de los derechos de las mujeres en su trabajo durante este periodo. Así lo expresó José Elice, Primer Adjunto de la Defensoría del Pueblo, durante la presentación del informe, recordando que el rol fundamental de su institución consiste en persuadir a las entidades públicas a que actúen según el marco de sus funciones para promover y defender los derechos de las personas.

En coherencia con ello, el informe revela la urgente necesidad de mejorar los servicios de salud para asegurar el derecho de las mujeres a una maternidad segura y saludable. Durante la presentación se destacaron cinco medidas esenciales:

1. Mejorar la información y capacitación a personal de salud en las normas vinculadas a garantizar una maternidad segura.

2. Asegurar el equipamiento y abastecimiento de los establecimientos de salud y la accesibilidad para las personas con menores recursos económicos

3. Implementar una norma que prevenga y sancione la violencia obstétrica.

4. Fortalecer la pertinencia intercultural de los servicios de salud.

5. Promover casas de espera materna adecuadamente equipadas y cerca de los establecimientos de salud.

El desenlace de una historia de exclusiones

El reconocimiento de los avances en la reducción de la mortalidad materna a nivel nacional, ameritó también una reflexión sobre las disparidades que existe entre regiones y en poblaciones que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. La mortalidad materna afecta con mayor severidad a las mujeres más pobres, indígenas y de zonas rurales. Además, las adolescentes tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones o morir durante el embarazo o el parto, especialmente aquellas menores de 15 años.

“La muerte materna es el  último eslabón de  una cadena de  profundas exclusiones que van llevando a la mujer a esta gravísima situación. La  atención de la salud materna es parte de la agenda pendiente de los derechos de las mujeres y sin avances sostenibles en este ámbito la construcción de una sociedad justa y equitativa no será realidad”, sostuvo Elena Zúñiga, Representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en el Perú.

En atención a ello, el informe recomienda al MINSA tomar las medidas necesarias para asegurar la prevención del embarazo adolescentes mediante el acceso a información y métodos anticonceptivos, de conformidad con la Norma Técnica de Salud de Planificación Familiar, así como implementar el Plan Nacional Multisectorial para la Prevención del Embarazo Adolescente.

Tomando en cuenta esta necesidad, Rosa Mávila, Adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, hizo hincapié en la existencia de un amplio consenso internacional que reivindica los derechos de los y las adolescentes al conocimiento y servicios de planificación familiar. “Es importante que tengan una educación sexual integral y acceso e información sobre métodos anticonceptivos modernos. Es una apuesta por los proyectos de vida de las futuras generaciones que tienen el derecho a decidir y a vivir con dignidad”, añadió.

Acciones priorizadas por el Ministerio de Salud

Carmen Mayurí, Coordinadora Nacional de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud (MINSA) reconoció los desafíos planteados para su sector y presentó tres acciones prioritarias que ya se encuentran programadas para hacer frente a esta situación:

1. Reducir la mortalidad materna neonatal con énfasis en los casos por hemorragia (principal causa).

2. Reducir el parto prematuro con acciones durante el embarazo y el nacimiento, como la distribución de Omega 3 para las mujeres gestantes y la capacitación del primer nivel de atención para ofrecer una mejor atención pre-natal.

3. Prevenir el embarazo en adolescentes, en acción conjunta con el Ministerio de Educación (MINEDU), identificando factores de riesgo y realizando un tamizaje.

Las cifras de la mortalidad materna

Según la OMS, cada día, mueren 800 mujeres en el mundo por complicaciones prevenibles relacionadas con el embarazo o el parto. 99% pertenecen a países en desarrollo, principalmente a las zonas rurales y comunidades más pobres.

En 2015, murieron 68 mujeres peruanas por cada 100 mil nacidos vivos por causas derivadas de complicaciones en el embarazo, parto y puerperio, lo que sin duda plantea enormes desafíos.

Defensoría del Pueblo con información del MINSA (2016)

Tres recomendaciones del Comité CEDAW al Perú para reducir la mortalidad materna

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) ha destacado tres recomendaciones al Estado peruano que son fundamentales para reducir la mortalidad materna y cerrar estas brechas de desigualdad:

1. Asegurar una prestación adecuada de servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo información e insumos de planificación familiar.

2. Capacitar al personal médico sobre el derecho a la salud para reducir el riesgo de muerte materna tanto en mujeres adultas como adolescentes.

3. Legalizar el aborto para los casos de violación, incesto y malformación fetal, debido a que su prohibición conduce a prácticas de aborto en condiciones de inseguridad que ponen en riesgo la vida de las mujeres.