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El Examen Periódico Universal (EPU) es uno de los principales mecanismos de seguimiento de la implementación de políticas y medidas que coadyuven al respeto de los derechos humanos de la población de los países, en conformidad compromisos internacionales en la materia suscritos por los Estados.

El EPU es dirigido por los Estados con el auspicio del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) e incluye un examen de los expedientes de derechos humanos de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. El proceso les ofrece la oportunidad de mostrar los avances logrados en la materia. Perú es uno de los Estados examinados en el tercer ciclo del EPU.

El 16 de marzo, el Estado peruano realizó su presentación ante el CDHNU. En la ronda de presentaciones, el UNFPA presentó una declaración sobre los avances y desafíos para avanzar en el respeto los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres peruanas de todas las edades y en la igualdad de género, con especial atención a las poblaciones en condición de vulnerabilidad.

La declaración resaltó progresos importantes en materia de derechos humanos de las mujeres, como la creación de la Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), la aprobación de los planes nacionales Contra la Violencia de Género 2016-2021 y de Derechos Humanos 2018, así como la inclusión de la educación sexual integral en el Currículo Nacional.

Expresó además que aún las niñas, adolescentes y mujeres deben enfrentar profundos desafíos para asegurar el avance en sus derechos a una libre de violencia y a la salud sexual y reproductiva con el fin de garantizar el máximo aprovechamiento de su potencial. A continuación, reseñamos las medidas recomendadas por el UNFPA.

15 medidas recomendadas por el UNFPA al Estado peruano en el marco del EPU

Sobre violencia basada en género

  • Intensificar esfuerzos para prevenir la violencia basada en género.
  • Asegurar una respuesta integral y articulada para las víctimas que acuden a los servicios sociales, de salud y en la administración de justicia.
  • Fortalecer las competencias del personal a cargo de las atenciones, así como de los operadores de justicia para garantizar protección, justicia y bienestar para las víctimas.

Sobre salud sexual y reproductiva

  • Reducir las desigualdades sub-nacionales en la mortalidad materna.
  • Incrementar el parto institucional con pertinencia intercultural.
  • Garantizar la implementación la Guía Técnica Nacional para la interrupción voluntaria del embarazo cuando pone en grave riesgo la vida y salud de la mujer, y adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos a la integridad, salud física y mental de las mujeres que se embarazan debido a una violación.

Embarazo en adolescentes

  • Asegurar el acceso y culminación de la escuela.
  • Garantizar la educación sexual integral.
  • Asegurar que los adolescentes de 14 años en adelante que lo requieran accedan a información y a insumos anticonceptivos.
  • Implementar el Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo Adolescente.

Enfoque de género

  • Continuar con su inclusión en las políticas públicas.
  • Particularmente, en la formación que reciben las niñas y adolescentes en la escuela para promover relaciones equitativas, prevenir la violencia y avanzar en la construcción de una sociedad justa.

Población y desarrollo

  • Generar y difundir datos desagregados y evidencia de alta calidad sobre poblaciones poco visibilizadas como la población con discapacidad o en condiciones de exclusión asociada a su auto-identificación étnica.
  • Fortalecer las acciones de abogacía para capitalizar el bono demográfico a nivel sub-nacional.